SAIP

Líneas resolutivas del IAIP

Antes de proceder a una negativa genérica de la información, debe identificarse la posibilidad de obtener el consentimiento del titular de los datos.

Aunque el antecedente penal se encuentre cancelado como efecto de la rehabilitación, colocar ese indicativo en las certificaciones provoca una estigmatización para la persona y crea una pena perpetua.

Corresponde al presidente o titular del órgano colegiado de un ente obligado rendir el informe, comparecer y cumplir con las resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Corresponde declarar la improponibilidad del recurso ante la inexistencia de una resolución que habilite recurrir, por falta de presupuesto material.

Cualquier limitación al derecho de acceso a la información pública debe fundarse en una disposición legal anterior, de interpretación restrictiva y que sea conforme a la Constitución.

De acuerdo con el principio de culpabilidad solo pueden imponerse sanciones a las personas directamente relacionadas con la comisión de la infracción aludida.

De la condición de derecho fundamental del acceso a la información pública deriva la prohibición de alterar su contenido, tanto en su interpretación como en su regulación.

Debe buscarse la armonización o saludable equilibrio, mediante un sistema de interpretación constitucional que garantice el balance entre los derechos de acceso a la información pública e intimidad.

El acceso a la información pública es un derecho de toda persona y no únicamente corresponde a los salvadoreños o extranjeros residentes en El Salvador.

El análisis de admisibilidad debe estar matizado por la flexibilidad que debe revestir los procedimientos tramitados ante el Instituto de Acceso a la Información Pública.

El apelante tiene derecho a acceder a su expediente personal o laboral para conocer los motivos o antecedentes que se le atribuyen para fundar una causal de despido en la administración pública.

El avance de los gobiernos abiertos y electrónicos en materia de transparencia permite un mejor ejercicio de los derechos fundamentales.

El derecho a la intimidad tampoco es absoluto y cede ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que su recorte esté justificado.

El derecho a saber se enmarca en el ámbito de las libertades individuales, aunque también tiene un carácter colectivo que adquiere relevancia para el fortalecimiento del estado democrático de derecho.

El derecho al olvido, o derecho a la caducidad del dato negativo verdadero del pasado, es la facultad de borrar, bloquear o suprimir información personal obsoleta o que afecta derechos fundamentales.

El derecho de acceso a la información pública comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, pública o privada, que tenga interés público.

El derecho de acceso a la información pública es una manifestación de la libertad de información, que implica el libre acceso a las fuentes que contienen datos de relevancia pública.

El derecho de acceso a la información pública no es absoluto, ya que debe ser ejercido dentro del marco del respeto al derecho a la intimidad y la protección de los datos personales.

El derecho de acceso a la información pública no se agota con una solicitud de información, independientemente de la respuesta recibida, se tiene el derecho de solicitarla nuevamente.

El derecho de acceso a la información pública prevalece sobre el derecho a la intimidad siempre que exista un interés público legítimo que justifique la publicidad de la información.

El derecho de acceso a la información pública se tiene por cumplido una vez el solicitante obtiene la información en la modalidad requerida.

El derecho de acceso a la información pública tiene como finalidad controlar el uso y manejo de los recursos públicos.

El derecho de acceso a la información pública tiene por objeto la transparencia constante de los actos de gobierno, para que la gente se entere de todo lo atinente a una decisión.

El derecho de acceso a la información pública tiene una condición de derecho fundamental, anclada en la libertad de expresión y el principio democrático del estado de derecho.

El derecho de acceso a la información pública, como derecho individual, amplía el espacio de autonomía personal y como derecho colectivo, revela un mecanismo de control ciudadano hacia el estado.

El derecho de acceso a los datos personales es el poder de disposición o decisión que tiene el titular sobre la información que le concierne, y a conocer si es objeto de tratamiento.

El derecho de cancelación es la facultad que tiene un individuo para solicitar la eliminación de sus datos personales de las bases que tenga una entidad, la cual deberá dejar de tratarlos.

El derecho de intimidad es aquel derecho personalísimo que permite sustraer a un individuo de la publicidad o de otras turbaciones de su vida privada.

El desistimiento implica que el solicitante que presentó su falta de respuesta, expresamente, pida −por escrito o verbalmente− que no se siga conociendo de su solicitud.

El domicilio es un dato personal y se considera información confidencial en poder del ente obligado que requiere el consentimiento del individuo para su difusión.

El domicilio, entendido como la residencia habitual, es una información confidencial, cuyo acceso público se prohíbe en razón de un interés personal jurídicamente protegido.

El incumplimiento de una orden emitida por el Instituto constituye una violación muy grave al derecho de acceso a la información pública, debido a que podría tratarse de una denegatoria intencionada.

El informe final de auditoría de la Corte de Cuentas de la República es un acto definitivo y tiene el carácter de público.

El Instituto de Acceso a la Información Pública debe analizar que los recursos de apelación y las denuncias cumplan los requisitos de admisibilidad y proponibilidad establecidos en la ley.

El Instituto de Acceso a la Información Pública no es competente para conocer sobre apelaciones de resoluciones relacionadas con actividades de entes privados donde no se manejan recursos públicos.

El Instituto es el garante del pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública y tiene la atribución de velar por la correcta administración de los datos personales.

El Instituto reconoce un sistema de imputación personal; es decir, que las infracciones son cometidas por los servidores públicos y no por las instituciones para las que laboran.

El Instituto tiene la obligación de subsanar las deficiencias de derecho cometidas por los solicitantes, correspondiendo tramitar una apelación por la vía de la falta de respuesta.

El nombre de una persona no constituye información confidencial, puesto que el hecho de saberlo no permite identificarla o individualizarla.

El número de solicitudes de información presentadas por una persona a un mismo ente obligado no es causal para denegarla o establecer costos elevados.

El oficial de información debe resolver las solicitudes que se le sometan y sobre todo fundar su resolución cuando es negativa.

El oficial de información del órgano judicial no es competente para tramitar solicitudes de expedición de testimonios de la Sección del Notariado.

El oficial de información es un enlace entre el solicitante y el ente obligado, asiste en la elaboración de las solicitudes, y realiza las gestiones para ubicar y facilitar la información.

El oficial de información no puede dejar aspectos sin resolver, por lo que una entrega parcial y falsa es un claro obstáculo al derecho de acceso a la información pública.

El principio de finalidad establece que los datos personales objeto de tratamiento no podrán ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.

El principio de sencillez implica no crear mayores ritualismos o procedimientos dilatorios para acceder a la información, sino apegarse a procedimientos simples y expeditos.

El silencio del ente obligado implica habilitación al solicitante de acceder a la información requerida y para aquél en la obligación de entregársela.

El titular del ente obligado es el encargado de clasificar la información como reservada tomando en cuenta la legalidad, temporalidad y razonabilidad.

El tratamiento de los datos personales debe ser regido por los principios de legalidad, veracidad, finalidad, previo consentimiento informado, seguridad, confidencialidad y responsabilidad.

Elevar la información pública a oficiosa constituye un elemento del principio de máxima publicidad, que busca que la información en manos de instituciones públicas sea completa, oportuna y accesible.

En caso la solicitud sea por medio electrónico se deberá enviar el formulario o escrito correspondiente de manera escaneada, donde conste que el mismo se ha firmado o se ha puesto la huella digital.

En casos donde el derecho de acceso a la información pública esté en conflicto con otros derechos debe realizarse una versión pública de los documentos en los que se anonimicen los datos personales.

En el escrito de denuncia se deben exponer en detalle los hechos constitutivos de la infracción a la ley y anexar las pruebas que tuviera en su poder.

Es necesario que se razone y fundamente la reserva de la información, con lo que se busca reducir la arbitrariedad de los funcionarios con potestad para denegarla.

Existe obligación de las entidades públicas en reponer sus archivos, en virtud de los principios de máxima publicidad y disponibilidad, y el deber legal de conservación de los mismos.

La acumulación de procedimientos puede decretarse en los casos en que el apelante y el ente obligado son los mismos, y las pretensiones versan sobre denegatorias de información.

La afiliación sindical es un dato personal sensible que solo corresponde acceder a sus titulares, sus representantes legales y apoderados.

La ausencia de normativa que contenga los principios del funcionamiento de las sanciones administrativas y su aplicación se encuentra suplida por una remisión a los principios del derecho penal.

La calificación de la infracción estará en función del nivel del daño provocado por el incumplimiento a la norma, clasificándolo el legislador en tres tipos: leves, graves y muy graves.

La cancelación de los datos personales da lugar a su bloqueo conservándose únicamente a disposición de las autoridades durante los plazos de prescripción. Cumplidos, deberá procederse a la supresión.

La cancelación de los datos personales no supone necesariamente el borrado en todo caso de la información que previamente se haya sometido a tratamiento.

La clasificación de la información como confidencial únicamente resulta oponible frente a terceros, pero no frente a su titular o representante legal.

La competencia del Instituto de Acceso a la Información Pública no deriva de la nacionalidad o residencia de las personas, sino de la información que generan o poseen los entes obligados.

La condición fundamental que debe cumplirse para el ejercicio de la potestad sancionatoria del Instituto es la legalidad del establecimiento de una conducta repudiada como ilícita.

La consulta directa procede en los casos en que el sujeto la solicita o consiente de ese modo, o el soporte no permite que se entregue de otra manera.

La declaratoria de reserva debe estar sujeta a un plazo definido; si no se establece habría incertidumbre sobre el momento en que la información estará a disposición del público.

La descentralización administrativa no hace perder a las municipalidades el carácter de entes públicos, aun cuando posean personalidad jurídica.

La entrega de la información solicitada trae como consecuencia la desaparición del objeto del procedimiento de falta de respuesta.

La facultad de reservar información pública debe enmarcarse dentro del ordenamiento legal para garantizar la protección de otros derechos de idéntica o superior importancia al acceso a la información.

La falta de nombramiento del oficial de información se considera una infracción muy grave porque constituye un pilar de la estructura institucional que garantiza el derecho de acceso a la información.

La falta de respuesta por el ente obligado activa la garantía para el solicitante de un procedimiento especial, pues tal omisión constituye una vulneración al derecho de acceso a la información.

La falta de un archivo público, en condiciones de reponerse, puede dar lugar a indemnización si no se hubieren realizado las acciones para tal fin.

La finalidad del derecho de petición no es resolver sobre el suministro de información pública tangible, sino generar una respuesta razonada y legal.

La finalidad del procedimiento de falta de respuesta es verificar si el ente obligado ha incumplido su labor y, en caso que se determine y sea procedente, ordenar la entrega de la información.

La información confidencial es la información privada en poder del estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal, en razón de un interés personal jurídicamente protegido.

La información en poder del Estado se presume pública y accesible, y sometida a un régimen limitado de excepciones.

La información jurisdiccional es la relativa a los juicios en particular y debe regirse por lo dispuesto en la normativa procesal vigente.

La información oficiosa es aquella que debe estar a disposición del público sin necesidad de que se realice una solicitud de información sobre ella.

La información pública debe brindarse de manera pronta, oportuna, completa, fidedigna y veraz, mediante procedimientos simples y expeditos.

La información pública es la que se encuentra en poder de los entes obligados, la cual puede ser generada, obtenida, transformada o conservada por estos, para ser entregada sin motivación alguna.

La información reservada es aquella información pública cuyo acceso se restringe de conformidad con la ley, en razón de un interés general, durante un período determinado y por causas justificadas.

La labor de delimitar la colisión entre los derechos de acceso a la información pública y a la intimidad personal debe efectuarse con criterio restrictivo y en cada caso concreto.

La Ley de Acceso a la Información Pública establece una clasificación tripartita de la información: pública (oficiosa o no), reservada y confidencial.

La Ley de Acceso a la Información Pública habilita la solicitud de información, en forma escrita, verbal, electrónica o por cualquier otro medio idóneo, y la consulta directa.

La Ley de Acceso a la Información Pública promueve la transparencia de la gestión pública mediante la difusión de la información, basada en el principio de máxima publicidad.

La máxima publicidad implica que la información en poder del estado es pública, salvo excepciones y que, en caso de duda, debe entenderse que es pública.

La obligación de acceso a la información pública de parte del ente obligado se tiene por cumplida cuando este pone a disposición del solicitante la información que ha requerido.

La potestad administrativa sancionadora comprende fines y principios, entre los cuales se encuentran el de legalidad, lesividad del bien jurídico, culpabilidad y la prohibición de doble juzgamiento.

La potestad administrativa sancionadora se encuentra sujeta a principios, entre ellos el establecimiento de un procedimiento que garantice los derechos constitucionales de los posibles sancionados.

La presentación extemporánea del recurso no es subsanable e impide por completo que el Instituto pueda emitir un pronunciamiento respecto al asunto, por lo que se debe declarar su improcedencia.

La protección al derecho a la intimidad de los servidores públicos es más débil en comparación con la que se concede a los particulares.

La protección de datos personales o derecho a la autodeterminación informativa tiene por objeto preservar la información de las personas contenida en registros frente a su utilización arbitraria.

La reserva debe ser adecuada para el logro del objetivo; proporcionada, para el interés que la justifica e interferir lo menos posible con el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información.

La sola invocación de causales de reserva es insuficiente; debe probarse la existencia de un daño cierto y específico, actual o potencial, y mayor que el interés público por conocer la información.

La titularidad del derecho de acceso a la información pública corresponde a toda persona, sea nacional o extranjera, natural o jurídica.

La transparencia activa implica que existe información pública que tiene que estar disponible, completa y actualizada para toda persona, sin necesidad de que se realicen solicitudes para obtenerla.

La vía del acceso a la información solo habilita pedir copias simples, certificaciones o la consulta directa de las escrituras públicas, en los casos que se demuestre legítimo interés.

La vía procesal idónea para requerir una respuesta a los escritos presentados como parte de la tramitación de un proceso judicial viene dada por las normas de carácter procesal que lo regulan.

Las categorías de información confidencial y reservada son excluyentes; es decir, no puede coexistir dicha clasificación en la totalidad del documento.

Las causales de reserva de la información del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública son taxativas.

Las declaraciones de patrimonio de los funcionarios son públicas y el examen realizado por la Sección de Probidad forma un solo cuerpo con ellas.

Las declaraciones de patrimonio de los funcionarios y su examen están sujetos al escrutinio público, y no gozan un carácter reservado indefinido.

Las declaratorias de reserva no pueden hacerse de forma genérica y tiene que ser delimitadas, pues violentarían el principio de máxima publicidad.

Las deficiencias de fondo no son subsanables y una denuncia debe declararse improponible, si no existe correspondencia entre los hechos descritos y las conductas típicas establecidas en la ley.

Las evaluaciones sobre inteligencia, personalidad, aptitudes y los archivos psicológicos, constituyen información confidencial y requieren consentimiento de los individuos para su difusión.

Las hojas de vida y atestados de los servidores públicos son información pública, comprueban su cualificación y permiten el escrutinio de la sociedad.

Las limitaciones al derecho de acceso a la información pública deben estar determinadas por la ley y no derivarse de criterios emitidos por entes administrativos internos.

Las normas relacionadas con el ejercicio de derechos fundamentales se deben aplicar en relación con el principio de interpretación a favor del ser humano o “pro homine”.

Las remuneraciones o salarios de servidores públicos constituyen información pública oficiosa, la cual debe estar a disposición del público sin necesidad de requerir al ente obligado su divulgación.

Los contratos celebrados por los entes obligados son información pública, como sus términos, montos, plazos y otros datos que sean de interés público.

Los costos de reproducción y envío de la información que autoriza la Ley de Acceso a la Información Pública no significa la potestad de hacer cobros arbitrarios.

Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento.

Los entes obligados deben probar que han realizado las diligencias necesarias para obtener o reconstruir la información, antes de declarar su inexistencia.

Los nombres de los servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, son públicos.

Los nombres, aunque son datos personales, no siempre están sujetos a reserva o confidencialidad.

Los órganos constituidos por una pluralidad de personas están en el deber de levantar actas de los análisis, las discusiones y los acuerdos que toman. Las actas son información pública oficiosa.

Los procedimientos administrativos sancionadores pueden iniciarse de oficio; por acuerdo del órgano competente; por petición razonada de otros órganos; o por denuncia ciudadana.

Los solicitantes pueden elegir la modalidad de entrega de la información, ya sea consulta directa, copia simple o certificada, o correo electrónico.

Los titulares de datos personales gozan de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO) frente al tratamiento de su información en posesión de entes del Estado.

No basta con alegar que la información solicitada no existe, sino que debe demostrarse esta circunstancia y que se han hecho gestiones de búsqueda.

No basta con que el ente obligado haya declarado confidencial la información sin explicar las razones por las cuales aplica dicha calificación.

No existe obligación del oficial de información para dirigir la solicitud a un ente obligado distinto, sino en informar al interesado la entidad a la que debe dirigirse.

No puede haber negativas o restricciones genéricas al derecho de acceso a la información pública, sino solo referidas a casos concretos y a necesidades puntuales.

Para cumplir con el derecho de acceso a la información pública es importante que los entes obligados cuenten con archivos ordenados que aseguren la entrega de información de manera expedita.

Para ejercer el derecho de acceso a la información pública es necesario que la información exista, ya sea que se encuentre en poder del ente obligado o que exista un mandato de generarla.

Para la imposición de sanciones se expresarán con precisión, tanto los motivos de hecho y de derecho, como la indicación del valor que el Instituto le otorga a los medios de prueba.

Para la validez de una declaración de reserva se necesita la concurrencia de tres requisitos: legalidad, razonabilidad y temporalidad. En ausencia de uno de ellos se debe desclasificar la información.

Para que un incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública sea objeto de una sanción, el actuar negligente debe causar un agravio o perjuicio en la esfera jurídica del solicitante.

Procede la entrega de datos personales, sin consentimiento del titular, cuando la información no permita identificar o realizar perfiles, y se traten de datos estadísticos en poder del ente obligado.

Se brinda igual nivel de protección al derecho de acceso a la información y a la autodeterminación informativa, que se materializa en la posibilidad de acudir al Instituto en caso de inconformidad.

Se entiende por titular, la(s) persona(s) que ejerce(n) el cargo máximo dentro de la organización interna del ente obligado, con amplias facultades para tomar decisiones dentro del mismo.

Se podría denegar el acceso, rectificación y cancelación de datos recogidos con fines policiales, en función de la protección de los derechos y libertades de terceros.

Se podría denegar el acceso, rectificación y cancelación de datos recogidos con fines policiales, en función de las necesidades de las investigaciones que se estén realizando.

Se podría denegar el acceso, rectificación y cancelación de datos recogidos con fines policiales, en función de los peligros que pudieren derivarse para la defensa del estado o la seguridad pública.

Se presume que el solicitante está satisfecho con la información entregada si en el periodo de tres días el Instituto no recibe respuesta, por lo que es pertinente sobreseer en el procedimiento.

Se reconoce la destrucción de un documento por su antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito, o de conformidad con las disposiciones vigentes.

Se tiene la obligación de resguardar los datos personales cuando se trata de nombres de personas que no son servidores públicos, a menos que medie el consentimiento expreso de estas.

Si el ente obligado no cuenta con el deber legal de poseer la información no se trata de inexistencia, sino de incompetencia.

Si la apelación incumple con las formalidades establecidas para su presentación, deberá prevenirse por una sola vez al solicitante y si este no subsana, se rechazará la petición por inadmisible.

Si se trata de fideicomisos públicos es necesario que, por tal naturaleza, la información sea pública.

Son causales que pueden dar lugar a la inexistencia de la información que nunca se haya generado el documento respectivo o que este se haya destruido.

Son condiciones para la imposición de sanciones: que una ley anterior al hecho describa la infracción y su punición; que sea precisa, y que evite comprender supuestos no enmarcados dentro de su tenor.

Toda la información referente al presupuesto municipal y expedientes sobre egreso constituye, indudablemente, información pública oficiosa.

Todas las disposiciones legales que regulan la reserva o confidencialidad de la información quedan derogadas, salvo las expresadas en el artículo 110.

Un antecedente policial son datos de carácter personal negativos susceptibles de ser tratados sin el consentimiento de su titular, facultad que debe plasmarse en una ley en sentido formal.

Un ente privado está obligado a la Ley de Acceso a la Información Pública desde que recibe fondos públicos y tiene la obligación de rendir cuentas de su administración y ejecución.

101 y 102-A-2015
En su recurso de revocatoria el INPEP alegó, entre otras cosas, la supuesta vulneración al principio de legalidad y seguridad jurídica por la omisión de la aplicación del Art. 33 de la Ley de Supervisión y Regulación del...
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35, 39, 47, 54 y 55-
Desistimiento porque el solicitante por medio de correo electrónico manifiesta estar satisfecho con la información otorgada por el ente obligado en audiencia de avenimiento.
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82, 87-A-2015
Los requirentes solicitaron a la LNB una copia certificada del punto V 5.6, del acta número 2866, de la sesión celebrada por la Junta Directiva de la LNB el 17 de marzo del 2015. Información que fue denegada por la Ofici...
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397-A-2016
Tal como consta en acta de recepción de información llevada a cabo en esta fecha, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), remitió en relación a la solicitud del apelante [...]. El apelante exa...
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396-A-2016
[…] apeló en contra de la resolución emitida por la Oficial de Información de la Fiscalía General de la República (FGR), que denegó el acceso a la información relativa a […] La Oficial de Información, respondió citando e...
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