• Límites del derecho de acceso a la información pública: [...] el DAIP no es absoluto puesto que debe ser ejercido dentro del marco del respeto al derecho a la intimidad y la protección de los datos personales. Por ello, [...] es susceptible de restricciones o limitaciones que condicionan su pleno ejercicio, toda vez que éstas se verifiquen dentro de los contornos del principio de razonabilidad. Entre estas restricciones taxativas y previamente establecidas en la ley se encuentran las categorías de información reservada e información confidencial.
• Principio de máxima publicidad: Como parte del contenido del derecho de acceso a la información encontramos el principio de máxima publicidad, regulado en el Art. 5 de la LAIP, en virtud del cual, en caso de duda sobre si una información es pública o está sujeta a reserva o confidencialidad, deberá entenderse como pública. Lo anterior se justifica en que este principio es rector del derecho a buscar, recibir y difundir información, lo que permite un desarrollo y puridad de la democracia informativa que debe fomentar el Estado. Art. 5 LAIP.
• Principio de buena fe de las actuaciones de la administración pública: [...]para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información resulta esencial que los entes obligados actúen de buena fe, es decir, que interpreten la ley de manera tal que sirva para cumplir los fines perseguidos por el derecho de acceso. Esto incluye realizar las acciones necesarias para asegurar la satisfacción del interés general y no defraudar la confianza de los individuos en la gestión estatal.
• Funciones del Oficial de información: [...]los ciudadanos no siempre conocen exactamente cuál es la denominación de los documentos e instrumentos generados por loe entes obligados ni pueden identificar en todos los casos los términos que dichos entes acuñan para referirse a ciertas categorías. Esta circunstancia ha sido previsto por la LAIP que en sus Arts. 68 y 69, en lo pertinente, establecen la obligación del Oficial de Información de brindar asistencia al solicitante en la elaboración de las solicitudes de información y señalan claramente que el dicho funcionario es el vínculo entre el ente obligado y el solicitante y debe llevar a cabo todas las gestiones necesarias en la dependencia o entidad a fin de facilitar el acceso. Arts. 68 y 69 LAIP.
• Derecho a la intimidad de funcionarios públicos: En razón de sus funciones, los jueces se encuentran sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad —tal como lo establece el Art. 11 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— y “sus actuaciones salen innegablemente del dominio privado para insertarse en el dominio público, esto se asienta no en la calidad del sujeto, sino en el interés y relevancia pública de las actividades que realiza”. De este modo, el que ingresa al servicio público voluntariamente acepta las condiciones inherentes al mismo, tales como un grado disminuido de privacidad o intimidad respecto del que correspondería a un sujeto común. Art. 11 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
• Colisión entre el derecho a la información y el derecho al honor de los servidores públicos: [...]la información solicitada sobre el listado de jueces y magistrados reprobados (no satisfactorio) en las [...] evaluaciones del Consejo Nacional de la Judicatura a nivel nacional, deben ser públicas y estar disponibles para la población, potenciando los principios del pluralismo democrático, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana. Por tanto, el derecho al honor y el derecho a la propia imagen deben ceder frente al DAIP, pues las actuaciones de los funcionarios y servidores judiciales son de relevancia pública, ya que con ello se potencia la contraloría ciudadana de la importante labor constitucional que realizan.

[...] la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha manifestado sobre el referido principio, en el sentido que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación [de manera que] toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones” ( Corte IDH. Caso Gomes Lund y otros Vs. Brasil.) [...] la Jurisprudencia Constitucional ha sostenido que los funcionarios públicos son titulares del derecho al honor y por ende del derecho a la propia imagen, pero la protección a estos derechos es más débil en comparación con la que se concede a los particulares. Esto es así, porque los funcionarios públicos se encuentran expuestos permanentemente al escrutinio público sobre las actividades que realizan en el ejercicio de su función, las cuales son de interés público; y, se insertan constantemente en el debate, como mecanismo de control ciudadano frente al poder. ( Sentencia Definitiva dictada por la Sala de lo Constitucional el 23 de enero de 2015, en el proceso de amparo 375-2011).

Uniformidad del criterio:

Retomó la Resolución Definitiva 172-A-2014 (JC) del 29 de enero de 2015.

Cambios del criterio:

No especificado

Matices particulares:

Retomó la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, párrafo 128.