Detalle de la resolución

  • Referencia: 54-ADP-2017
  • Fecha: 2017-11-29
  • Tipo de procedimiento: Acceso a datos personales
  • Tipo de resolución: Definitiva
  • Tipo de solicitante: Persona natural
  • Género: Masculino
  • Institución: Dirección General de Centros Penales
  • Sustrato fáctico: [...] [El apelante] presentó ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), solicitud de protección de datos personales, relativa a: Suprimir del registro de antecedentes penales el delito de falsificación de moneda; por lo que, requiere que se le cambie la palabra “cancelado” por “no tiene” en su solvencia.
  • Categoría:
    • Protección de datos personales
  • Subcategoría:
    • Derecho de cancelación
  • Tecnologías de información y telecomunicaciones como riesgo para la privacidad: [...] el uso extensivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones ha permitido que, en muchas ocasiones, los datos personales sean tratados para fines distintos para los que originalmente fueron recabados, así como transmitidos sin el conocimiento del titular, rebasando la esfera de privacidad de las personas y lesionando, en ocasiones, otros derechos y libertades. A fin de equilibrar las fuerzas entre las personas y aquellas organizaciones –públicas o privadas- que recaban o colectan datos de carácter personal, surge la necesidad de su protección.
  • Derecho de cancelación, derecho al olvido o derecho a la caducidad del dato negativo verdadero del pasado: [...] como evolución al derecho de cancelación, se encuentra anclado el denominado “Derecho al Olvido” o “Derecho a la Caducidad del Dato Negativo Verdadero del Pasado”, el cual se define como el derecho que tiene el titular de un dato personal a borrar, bloquear o suprimir esa información personal, que de alguna manera afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, o que podría considerarse como información obsoleta, pues carece de sentido que se tenga acceso a ella después de mucho tiempo, y ya no sirve a los fines para los que fue recabada (principio de finalidad).
  • Limitación de derechos sujeta a reserva legal: [...] debe aclararse que la limitación o restricción de un derecho implica la modificación de su objeto o sujetos, lo cual resulta en una obstaculización o impedimento para su ejercicio con una finalidad justificada, desde un punto de vista constitucional, esta a su vez, solo es susceptible de ser realizada por la propia Constitución o por una ley en sentido formal; es decir, por una fuente jurídica emanada de la Asamblea Legislativa. Por lo que, en cada caso en concreto, se debe dejar claro el alcance del límite a derechos, y no quedando sujeto a fórmulas interpretativas que restrinjan un derecho más allá del alcance planteado por el legislador.
  • Consecuencias negativas de las anotaciones sobre antecedentes penales: Consecuencias negativas de las anotaciones sobre antecedentes penales. [...] los antecedentes penales son datos que indican que una persona tiene registrada una condena sobre el cometimiento de conductas tipificadas en el vigente Código Penal y en otras normas de igual naturaleza. Esos datos personales negativos [antecedentes penales] son asentados en el Sistema de Registro de Antecedentes Penales (SIRAP) y el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE) sin el consentimiento de las personas afectadas y susceptibles de tratamiento, de acuerdo al Art. 112 del Código Penal (CP); lo anterior, es una de las consecuencias jurídicas del delito, una vez exista una sentencia condenatoria en firme. [...] este Instituto considera que la práctica realizada por la DGCP, al momento de emitir la certificación de antecedentes penales cancelados como efecto de la rehabilitación de los derechos efectuada por la autoridad judicial competente según la cual la persona registra antecedentes penales, comporta una grave discriminación frente al sujeto que pretende reincorporarse a la sociedad una vez cumplió con la sanción penal impuesta mediante sentencia, pues ante esa inscripción se convierte en blanco, esencialmente en el ámbito laboral, de distinción, estigmatización y exclusión ante el resto de la sociedad[, ...] crea un factor de discriminación respecto de los demás ciudadanos, por tanto no es adecuada, conducente, ni absolutamente necesaria, pues existe la posibilidad de implementar una medida menos lesiva a los intereses del ciudadano resocializado una vez extinguida su pena, que permita reincorporarse verdaderamente a la sociedad y excluir los efectos de una sanción perpetua, la cual se encuentra proscrita por el artículo 27 de la Constitución.
  • Principio de finalidad: [...] el principio de finalidad establece que los datos personales objeto de tratamiento no podrán ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención. Es por ello, que los datos deberán ser suprimidos o bloqueados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubieren sido recolectados.
  • Bloqueo de los datos: [... La cancelación de datos] dará lugar al bloqueo de los datos conservándose únicamente a disposición de las administraciones públicas, jueces y tribunales para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante un plazo que debe establecer la legislación penal, el cual en nuestra legislación, no se indica, por lo que no es procedente.
  • Indicación de cancelación de antecedentes penales no supera test de razonabilidad: Dicha disposición que ordena la colocación de las palabras cancelados o caducados en la certificación de antecedentes penales, no supera el test estricto de razonabilidad, pues vuelve inefectiva la finalidad de la cancelación, que es la de borrar, bloquear o suprimir esa información personal negativa, que de alguna manera afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales.
  • Carácter no absoluto del derecho de cancelación de datos personales: [...] los derechos fundamentales no son absolutos, en ese sentido el ejercicio del derecho a la cancelación se podría limitar en función del peligro que pudiere derivar para la defensa del Estado o la seguridad pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando, lo cual debe estar plasmado en una ley formal.
Uniformidad del criterio:

Los datos personales son necesarios para que una persona pueda interactuar con otras, o con una o más organizaciones sin que sea confundida con el resto de la colectividad, y para que pueda cumplir con lo que disponen las leyes. No obstante, el uso extensivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones ha permitido que, en muchas ocasiones, los datos personales sean tratados para fines distintos para los que originalmente fueron recabados, así como transmitidos sin el conocimiento del titular, rebasando la esfera de privacidad de las personas y lesionando, en ocasiones, otros derechos y libertades. A fin de equilibrar las fuerzas entre las personas y aquellas organizaciones –públicas o privadas- que recaban o colectan datos de carácter personal, surge la necesidad de su protección. Criterio que además fue sostenido en las resoluciones con referencia 45-ADP-2017 y 53-ADP-2017

Cambios del criterio:

No especificado

Matices particulares:

No especificado