Detalle de la resolución

  • Referencia: 278-A-2015
  • Fecha: 2015-05-11
  • Tipo de procedimiento: Apelaciones
  • Tipo de resolución: Definitiva
  • Tipo de solicitante: Persona natural
  • Género: Masculino
  • Institución: Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
  • Sustrato fáctico: El solicitante apeló en contra de la resolución de la Oficial de Información de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Oficina de Planificación del área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), por estar inconforme con el costo de la documentación solicitada, en la cual el oficial de información expresa que se le concede el acceso a la información, y se señala que el costo de la documentación solicitada es de CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($50.00).
  • Categoría:
    • Acceso a la información
  • Subcategoría:
    • Pública
  • Carácter fundamental del derecho de acceso a la información pública: [...], es preciso recordar que el derecho de acceso a la información tiene una condición indiscutible de derecho fundamental, anclada en el reconocimiento constitucional del derecho a la libertad de expresión ─Art. 6 Cn.─ que tiene como presupuesto el derecho de investigar o buscar y recibir informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan interés público, y en el principio democrático del Estado de Derecho ─Art. 85 Cn.─ que impone a los poderes públicos el deber de garantizar la transparencia y la publicidad en la Administración, así como la rendición de cuentas sobre el destino de los recursos y fondos públicos. Art. 6 y 85 de la Constitución de la República de El Salvador
  • Entes públicos descentralizados: Desde el punto de vista económico, se marca una clara diferencia entre Estado propiamente y el reconocimiento de la personalidad de los grupos políticos infra-estatales o municipales; dicha descentralización administrativa no hace perder a esos entes infra-estatales el carácter de entes públicos, pues aun cuando posean personalidad jurídica, en definitiva realizan funciones encaminadas a cumplir con las finalidades del Estado y tienen que actuar al servicio de las mismas.
  • Principio de reserva de ley en materia tributaria: De tal forma, en materia tributaria, la reserva de ley tiene como finalidad, por un lado, garantizar el derecho de propiedad frente a injerencias arbitrarias del poder público (dimensión individual); y por otro lado, garantizar el principio de auto-imposición, esto es, que los ciudadanos no paguen más contribuciones que las que sus legítimos representantes –Asamblea Legislativa– han consentido (dimensión colectiva).
  • Reserva de ley relativa en materia tributaria municipal: Así, en materia de impuestos municipales, las comunas tienen una potestad normativa sumamente restringida, pues –como se ya apuntó– en tal área opera la reserva de ley relativa. Es decir que si bien se admite la intervención normativa municipal, esta supone una potestad derivada de la ley respectiva. Por tanto, existirá habilitación normativa para el municipio solo si la ley correspondiente efectúa una remisión o habilitación expresa o inequívoca, concreta y específica –en relación con aspectos o cuestiones singulares y plenamente identificables–, así como delimitada –hecha de modo que precise los términos materiales de la cuestión que se remite, de tal forma que su ámbito de actuación quede indubitablemente circunscrito–.
  • Prevalencia de la Ley de acceso a la información pública sobre las ordenanzas municipales con relación a los costos de reproducción y envío de información: Este Instituto considera oportuno aclarar que a pesar de la existencia de una ordenanza municipal que establece dicho cobro, este contradice lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública; cuerpo normativo que posee mayor rango jerárquico y por tanto al entrar en conflicto con una ordenanza, deberá prevalecer el límite establecido en la LAIP.
  • Control normativo sobre los costos de reproducción y envío de información solicitada: De manera que el legislador, cuando autorizó a las instituciones públicas (las municipalidades, entre otras) a poder trasladarle al ciudadano solicitante los costos de reproducción y envío de la información requerida, no trasladó la potestad de hacer cobros arbitrarios por la reproducción y entrega de información, sino que limitó expresamente el margen de cobro que debe realizar cada institución, reduciéndolo al costo de reproducción de las fotocopias y de los medios de envío/entrega necesarios para satisfacer el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos.
Uniformidad del criterio:

(Resolución de apelación NUE 2-A-2014) De esa condición de derecho fundamental se derivan consecuencias tales como: (a) la prohibición de alterar su contenido esencial, tanto en su interpretación como en su regulación; (b) el reconocimiento de su dimensión objetiva o institucional, con sus implicaciones prestacionales y de garantía; (c) la directiva de su armonización, balance o equilibrio con otros derechos en conflicto; y, (d) el reconocimiento de su fuerza expansiva y optimizadora.

Cambios del criterio:

No especificado

Matices particulares:

No especificado