Detalle de la resolución

  • Referencia: 192-A-2015
  • Fecha: 2015-12-03
  • Tipo de procedimiento: Apelaciones
  • Tipo de resolución: Definitiva
  • Tipo de solicitante: Persona natural
  • Género: Masculino
  • Institución: Corte Suprema de Justicia
  • Sustrato fáctico: El apelante presentó recurso de apelación en contra de la resolución del oficial de acceso a la información de la Corte Suprema de Justicia debido a que no le fue entregada información consistente en lista de jueces y magistrados con embargo judicial en sus salarios por deuda o cuota alimenticia, casados entre ellos y que son parientes consanguíneos y que están laborando en el órgano judicial, debido a que parte de ella era de carácter confidencial, y de la otra no existía registro.
  • Categoría:
    • Acceso a la información
  • Subcategoría:
    • Confidencial
  • Deber de transparencia como consecuencia del derecho de acceso a la información pública: El DAIP es un derecho fundamental cuyo reconocimiento constitucional deriva del derecho a la libertad de expresión (art. 6 de la Cn.) que tiene como presupuesto el derecho que tienen las personas de investigar o buscar y recibir informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan interés público; y en el principio democrático del Estado de Derecho –de la República como forma de Estado– (art. 85 Cn.) que impone a los poderes públicos el deber de garantizar la transparencia y la publicidad en la administración, así como la rendición de cuentas sobre el destino de los recursos y fondos públicos.
  • Balance entre el derecho de acceso a la información publica y el derecho a la intimidad (balancing test): La información pública es aquella que se encuentra en poder de los entes obligados, contenida en documentos, archivos, datos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades. El acceso a esa información tiene protección constitucional, por lo que en caso de conflicto con otros derechos de igual rango, se requiere un adecuado balance o equilibrio de los intereses que tutelan. El DAIP no es absoluto, ya que debe ser ejercido dentro del marco del respeto al derecho a la intimidad y la protección de los datos personales. Por ello, el DAIP -como los demás derechos- es susceptible de restricciones o limitaciones que condicionan su pleno ejercicio, toda vez que éstas se verifiquen dentro de los contornos del principio de razonabilidad. Entre estas restricciones taxativas y previamente establecidas en la ley se encuentran las categorías de información reservada e información confidencial. La información confidencial consiste en la información privada en poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido. La LAIP señala que la información confidencial comprende toda información referente a los derechos a la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen, archivos médicos cuya divulgación comprometería la privacidad de la persona, la concedida con tal carácter por los particulares a los entes obligados, los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión y aquella relativa al secreto profesional, comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal.
  • Derecho a la intimidad personal: La intimidad es definida como la zona espiritual reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia. Se trata de un derecho de la personalidad que permite apartar al individuo, de la publicidad o del conocimiento de terceras personas, ciertas manifestaciones que reserva para un espacio íntimo. Sin embargo, el derecho a la intimidad tampoco es absoluto y cede ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aquél haya de experimentar esté justificado.
  • Interés público hace prevalecer derecho de acceso a la información sobre la intimidad personal: […] el derecho a la información tendrá preeminencia respecto del derecho a la intimidad cuando sea necesario para asegurar la libre información en una sociedad democrática; es decir, siempre que exista un interés público legítimo que justifique la publicidad de la información. Por consiguiente, la intromisión en la vida privada de las personas debe admitirse si la información que se desea transmitir tiene interés público para la sociedad; en caso contrario, la revelación de aspectos privados de las personas públicas sin justa causa lesiona claramente su derecho a la intimidad.
  • Acceso a la información pública propicia contraloría ciudadana, rendición de cuentas y democracias transparentes: […] el carácter de derecho fundamental del acceso a la información propicia el afianzamiento de democracias transparentes y efectivas, facilita la rendición de cuentas y genera un debate público permanente, sólido e informado. Desde esta perspectiva, el acceso a la información prepara a las personas para asumir un papel activo en el gobierno, mediante la construcción de una opinión individual y colectiva fundada sobre los asuntos públicos, lo que les permite una participación política mejor orientada, deliberante y responsable, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. En dicho sentido, este nivel de contraloría ciudadana incentiva a los gobiernos a utilizar los recursos estatales efectivamente para el bien colectivo y reduce los espacios para la opacidad.
  • Utilización del salario de los servidores públicos es información confidencial: […] la utilización de los salarios que efectúen los funcionarios públicos reviste una faceta íntima de su persona, que está exenta del conocimiento público, pues aunque sea el pago por un servicio y provenga de fondos públicos, su empleo es un asunto privado.
  • Vínculo matrimonial o parentesco entre servidores públicos constituye información de interés público: […] los jueces y magistrados son funcionarios que están expuestos al escrutinio público, la información relativa al vínculo matrimonial y de parentesco que puedan tener entre sí, aunque no tenga relación inmediata con la fiscalización de su actividad, sí constituyen datos de interés público porque permite conocer la integración de la carrera judicial y prevenir posibles situaciones donde existan conflictos de interés.
Uniformidad del criterio:

No especificado

Cambios del criterio:

No especificado

Matices particulares:

No especificado