Detalle de la resolución

  • Referencia: 248-A-2016
  • Fecha: 2017-03-06
  • Tipo de procedimiento: Apelaciones
  • Tipo de resolución: Definitiva
  • Tipo de solicitante: Persona natural
  • Género: Masculino
  • Institución: Alcaldia Municipal de La Libertad
  • Sustrato fáctico: El solicitante interpone recurso en contra del ente obligado por considerar que la información consistente en: “Acuerdos de Proceso de licitación lámparas LED, proceso de Licitación de lámparas LED por la UACI y empresas participantes en dicha licitación”, fue entregada de forma incompleta, debido que al momento de la entrega se hizo el cobro respectivo que ascendía a $23.50 dólares de los Estados Unidos de América, en concepto de pago de 460 fotocopias blanco y negro y una certificación; que dicha certificación no había sido solicitada por el apelante, declarando el IAIP la modificación de la resolución emitida por el oficial de información.
  • Categoría:
    • Acceso a la información
    • Acceso a la información
  • Subcategoría:
    • Pública
    • Pública
  • Derecho de acceso a la información pública: El acceso a la información pública es un derecho constitucional “implícito”, es decir, no regulado expresamente en la Constitución (Cn.), pero que tiene una condición indiscutible de derecho fundamental surgida del derecho a la libertad de expresión regulado en el artículo 6 de la Cn. El DAIP comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan “interés público”. Este “derecho a saber” se enmarca en el ámbito de las libertades individuales, aunque también tiene un carácter colectivo que adquiere relevancia para el fortalecimiento del Estado democrático de derecho, porque su ejercicio garantiza la transparencia y permite a las personas acceder libremente a las informaciones en poder de las instituciones del Estado, como un mecanismo de control social a la gestión pública. Art. 6 de la Constitución de la República de El Salvador.
  • Entes públicos descentralizados: Desde el punto de vista económico, se marca una clara diferencia entre Estado propiamente y el reconocimiento de la personalidad de los grupos políticos infra-estatales o municipales; dicha descentralización administrativa no hace perder a esos entes infra-estatales el carácter de entes públicos, pues aun cuando posean personalidad jurídica, en definitiva realizan funciones encaminadas a cumplir con las finalidades del Estado y tienen que actuar al servicio de las mismas.
  • Finalidad de la reserva de ley en materia tributaria: En materia tributaria, la reserva de ley tiene como finalidad, por un lado, garantizar el derecho de propiedad frente a injerencias arbitrarias del poder público (dimensión individual); y por otro lado, garantizar el principio de auto-imposición, esto es, que los ciudadanos no paguen más contribuciones que las que sus legítimos representantes –Asamblea Legislativa– han consentido (dimensión colectiva).
  • Potestad normativa restringida en materia de impuestos municipales: Así, en materia de impuestos municipales, las comunas tienen una potestad normativa sumamente restringida. Es decir que si bien se admite la intervención normativa municipal, esta supone una potestad derivada de la ley respectiva. Por tanto, existirá habilitación normativa para el municipio solo si la ley correspondiente efectúa una remisión o habilitación expresa o inequívoca, concreta y específica de tal forma que su ámbito de actuación quede indubitablemente circunscrito. El legislador ha establecido límites normativos a la formulación de tasas municipales, no solamente en la normativa general tributaria, sino también, en leyes especiales como lo es la Ley de Acceso a la Información Pública; la cual en su Art. 61 inciso 2°, establece que: “La reproducción y envío de la información, en su caso, será sufragada por el solicitante, si bien su valor no podrá ser superior al de los materiales utilizados y costos de remisión.” Art. 61 inc. 2 de la LAIP
  • Principio de gratuidad: De manera que el legislador, cuando autorizó a las instituciones públicas (las municipalidades, entre otras) a poder trasladarle al ciudadano solicitante los costos de reproducción y envío de la información requerida, no trasladó la potestad de hacer cobros arbitrarios por la reproducción y entrega de información, sino que limitó expresamente el margen de cobro que debe realizar cada institución, reduciendo dicho cobro al costo de reproducción de las fotocopias y de los medios de envío/entrega necesarios para satisfacer el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos, sin que ello contraríe el principio de gratuidad, si bien el acceso a la información pública es gratuito, la reproducción de la información sí genera costos, los cuales en la medida justa deben ser sufragados por el solicitante.
Uniformidad del criterio:

Mantiene los criterios respecto al DAIP ref. IAIP 001-A-2017, 022, 028-A-2017; 037-A-2017; 340-A-2016; 343-A-2016, 356-A-2016.

Cambios del criterio:

No especificado

Matices particulares:

No especificado