Detalle de la resolución

  • Referencia: 20-A-2015
  • Fecha: 2015-08-18
  • Tipo de procedimiento: Apelaciones
  • Tipo de resolución: Definitiva
  • Tipo de solicitante: Persona natural
  • Género: Masculino
  • Institución: Fiscalía General de la República
  • Sustrato fáctico: Solicitante interpuso recurso de apelación en contra de la resolución emitida por la Oficial de Información de la Fiscalía General de la República, debido a que se le denegó el acceso a la información solicitada referida a conocer si determinada persona natural había laborado o no para dicha institución.
  • Categoría:
    • Acceso a la información
  • Subcategoría:
    • Confidencial
  • Derecho de acceso a la información pública: [...] el derecho de acceso a la información pública (DAIP) [...] se encuentra desarrollado en el Art. 2 de la LAIP, de conformidad con el cual toda persona tiene el derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna, veraz y sin sustentar interés o motivación alguna.
  • Dimensión individual y colectiva del derecho de acceso a la información pública: El DAIP puede justificarse como un derecho individual, en tanto permite ampliar el espacio de autonomía personal; y, como un derecho colectivo, por cuanto revela la utilización instrumental de la información como mecanismo de control institucional de los ciudadanos hacia el Estado. Desde esta última perspectiva el derecho a la información es un derecho público colectivo que se exige a través del Estado para hacer posible la democracia.
  • Límites del derecho de acceso a la información pública: [[…]el derecho de acceso a la información pública] no es absoluto, puesto que debe ser ejercido dentro del marco del respeto de otros derechos tales como el derecho a la intimidad, autodeterminación informativa, honor, etc. Así como también en el respeto a los secretos profesional, comercial, industrial, fiscal y bancario. En ese sentido, [...] es susceptible de restricciones o limitaciones que condicionan su pleno ejercicio, toda vez que éstas se verifiquen dentro de los contornos del principio de razonabilidad. Sin embargo, los límites al DAIP no pueden ser arbitrarios, sino que tienen que estar previamente establecidos por el legislador, de esta manera se previene que la Administración Pública utilice discrecionalmente argumentos encaminados a negar información.
  • Información confidencial: La información confidencial es aquella información privada en poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido. El legislador ha establecido en el Art. 24 de la LAIP los supuestos en los cuales la información debe considerarse como confidencial y, por lo tanto, debe resguardarse de tal modo que no se vulneren derechos de terceros. Dentro de la información confidencial se encuentra la referente al derecho a la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen; los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión y los secretos profesional, comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otros.
  • Nombres de servidores públicos constituyen información pública: [...] si un ente obligado cuenta con registros de información que poseen nombres de personas naturales o jurídicas, tiene la obligación de resguardar la información y únicamente entregarla si existe consentimiento expreso de los titulares de la misma. Asimismo, [...] considera que, cuando se trata de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, los nombres tienen que ser públicos; dicho de otro modo, cuando una persona solicita información relativa al nombre de funcionarios o servidores públicos debe entregarse la información.
  • Nombre de personas requiere consentimiento expreso para su entrega: Por otra parte, se tiene la obligación de resguardar los datos personales cuando se trata de nombres de personas que no son servidores públicos y, en todo caso, deben analizarse íntegramente las circunstancias del hecho de que se trate; por lo tanto, si una persona realiza una solicitud orientada a conocer el nombre o información de personas que no sean servidores públicos debe analizarse el contexto de que se trate y el tipo de información a que se refiera, para así determinar si su entrega procede sin más o si debe mediar el consentimiento expreso del titular de los datos. Lo anterior es una manifestación del principio de igualdad.
  • Requisitos para la declaratoria de reserva de la información: [...] este Instituto retoma la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en dónde se establece que se requiere la mayor circulación de informes y opiniones sobre asuntos de interés público; por tanto, resulta oportuno que los ciudadanos conozcan quienes realizaron labores encaminadas a asegurar la defensa de la legalidad, y así verificar la forma en las que estos realizaron su servicio. [[…]] pueden existir casos excepcionales en los que por motivos del servicio público que se desempeña resulta oportuno reservar el nombre. Sin embargo, como toda declaratoria de reserva, esta restricción tendrá que estar sujeta a los principios de legalidad, razonabilidad y temporalidad [...]
Uniformidad del criterio:

Retomó su propio criterio desarrollado en las apelaciones ref. 128-A-2014, del 19 de noviembre de 2014 y ref. 155-A-2014, del 23 de marzo de 2015. Retomó criterio de la Corte IDH en el caso Kimel Vs. Argentina.

Cambios del criterio:

No especificado

Matices particulares:

No especificado