Detalle de la resolución

  • Referencia: 1-O-2017
  • Fecha: 2017-11-27
  • Tipo de procedimiento: Oficioso
  • Tipo de resolución: Definitiva
  • Tipo de solicitante: Institución
  • Institución: Alcaldia Municipal de San Antonio los Ranchos
  • Sustrato fáctico: En la resolución de las diez horas con ocho minutos del 20 de marzo de 2017, este Instituto inició el incidente sancionador en contra de las actuaciones de [...], quien se desempeña como Oficial de Información de la Municipalidad de San Antonio Los Ranchos, por el presunto cometimiento de la infracción leve a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), contenida en el Art. 76 letra “c”, consistente en no proporcionar la información en el plazo fijado por la LAIP, pues este no emitió una resolución a la solicitud de información realizada por los ciudadanos Manuel Dubón García, Dolores Ramírez Ramírez, Pedro Antonio Monge Menjívar, María Dina García Franco, Santos Rosibel Rivas Vides y Celina Ortega Alemán.
  • Categoría:
    • Procedimiento sancionador
  • Subcategoría:
    • Incidente sancionatorio
  • Formas de iniciar el procedimiento administrativo sancionador: Los procedimientos administrativos sancionadores pueden iniciarse de oficio, por acuerdo del órgano competente, por petición razonada de otros órganos o denuncia ciudadana; es decir, según como lo disponga el ordenamiento jurídico aplicable.
  • Principios que rigen potestad administrativa sancionadora del Instituto: Asimismo, la potestad administrativa sancionadora se encuentra sujeta a principios y garantías, sustantivos y procesales, que han de informar su ejercicio; entre ellos el establecimiento de un procedimiento sancionador que garantice el respeto de los derechos constitucionales de los posibles sancionados.
  • Sanción administrativa: La sanción administrativa constituye un acto de gravamen que disminuye o debilita la esfera jurídica de los particulares, mediante la privación de un derecho, como prohibición de una determinada actividad, denominada sanción interdictiva o a través de la imposición de un deber económico antes inexistente -sanción pecuniaria-.
  • Finalidad del procedimiento sancionador: El procedimiento sancionatorio que este Instituto realiza y que se encuentra regulado a partir del Art. 76 de la LAIP, tiene el propósito de identificar y definir la responsabilidad en la que puedan recaer los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de la LAIP, para lo cual, en el Título VIII de la misma se encuentran las infracciones a la LAIP y sus sanciones.
  • Tipos de infracciones: […L]as infracciones se dividen en tres apartados, los cuales son: (i) Infracciones muy graves; (ii) Infracciones graves; e (iii) Infracciones leves.
  • Aplicación de los principios del derecho penal en el derecho administrativo sancionador: [En el procedimiento sancionador se deben] observa[r] los principios que establece el Derecho Penal […], ya que el Derecho Administrativo Sancionador, como toda rama del derecho, se guía por una serie de principios que constituyen un criterio informador de la actividad de la administración pública relacionado al poder punitivo del Estado. En este sentido, se puede hablar del Derecho Penal como elemento integrador del Derecho Administrativo Sancionador, es decir, la ausencia de un ordenamiento penal administrativo no debe interpretarse como una puerta abierta a la administración para la aplicación libre y arbitraria de sus facultades sancionadoras; por lo que, la aplicación supletoria de los principio básicos del Derecho Penal sirven como garantía o límite en el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora.
  • Principio de lesividad: Este principio [de lesividad del bien jurídico] fundamenta su eficacia, entre otros aspectos, como un límite a la interpretación sobre si una conducta es susceptible de la interposición de una pena, en este caso de una sanción de tipo pecuniaria, pues se valora si el comportamiento descrito efectivamente lesiona o pone en riesgo el bien jurídico protegido, presupuesto sin el cual carecería de relevancia la actuación señalada. [...] se puede afirmar, en principio, que existe una lesión al bien jurídico protegido (DAIP) cuando se le restrinja el acceso a la información sin una justificante válida y legalmente fundamentada.
  • Deber de sustanciación de solicitudes de información hasta obtención de respuesta: [...] la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) contempla que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información; esto implica que se garantiza el cumplimiento de este derecho no solo con la mera interposición de la solicitud respectiva, sino que es necesaria la recepción de lo solicitado –siempre y cuando sea de naturaleza pública y no se encuentre con alguna limitante expresa en la Ley para su entrega–.
Uniformidad del criterio:

No especificado

Cambios del criterio:

No especificado

Matices particulares:

En el caso se resuelve de forma absolutoria debido a que la acción ya había prescrito; sin embargo, el IAIP sobre este punto se limita a decir el plazo que la LAIP establece para que prescriban las acciones para denuncias de infracciones.