Detalle de la resolución

  • Referencia: 135, 206, 207 y 244-
  • Fecha: 2016-12-05
  • Tipo de procedimiento: Apelaciones
  • Tipo de resolución: Definitiva
  • Tipo de solicitante: Persona natural
  • Género: Femenino
  • Institución: Universidad de El Salvador
  • Sustrato fáctico: […la ciudadana] apeló de cuatro resoluciones emitidas por la unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la Universidad de El Salvador (UES), en las que se denegó el acceso a la información la cual se clasificó, en la primera solicitud, dicha información fue declarada inexistente, respecto de la segunda solicitud, la información se denegó el acceso debido a que la entidad no entregó la información correspondiente, la tercera solicitud la información no fue entregada por declararse como información confidencial y en cuanto a la cuarta solicitud, se hizo una entrega parcial de la información
  • Categoría:
    • Acceso a la información
  • Subcategoría:
    • Pública
  • Carácter fundamental del derecho de acceso a la información pública: El acceso a la información pública es un derecho constitucional “implícito”, es decir, no regulado expresamente en la Constitución (Cn.), pero que tiene una condición indiscutible de derecho fundamental surgida del derecho a la libertad de expresión regulado en el artículo 6 de la Cn.
  • Derecho a saber como mecanismo de control social: El DAIP comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan “interés público”. Este “derecho a saber” se enmarca en el ámbito de las libertades individuales, aunque también tiene un carácter colectivo que adquiere relevancia para el fortalecimiento del estado democrático de derecho, porque su ejercicio garantiza la transparencia y permite a las personas acceder libremente a las informaciones en poder de las instituciones del Estado, como un mecanismo de control social a la gestión pública.
  • Carácter no absoluto del derecho de acceso a la información pública: El DAIP, sin embargo, no es absoluto, puesto que es susceptible de restricciones que condicionan su pleno ejercicio y una de esas limitaciones se relaciona cuando el “interés público” pueda resultar efectivamente perjudicado con la difusión de la información, después de verificarse un examen de proporcionalidad entre los bienes o valores jurídicos que se busca proteger con la publicidad y reserva de la misma.
  • Información confidencial: […] es aquella información privada en poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido […]. Art. 6 letra f. de la LAIP.
  • Causales de inexistencia de la información: [...] este Instituto ya ha reconocido como causales que pueden dar lugar a la inexistencia de la información, las siguientes: a) que nunca se haya generado el documento respectivo, b) que el documento se encuentre en los archivos del ante obligado pero se haya destruido por su antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito; c) que la información haya estado en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su destrucción, en este caso deberá verificarse si ésta se realizó de conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria.
  • Hojas de vida y atestados constituyen información pública: [...] este Instituto ha sostenido que las hojas de vida y atestados constituyen información pública; pues, con ésta no solo se cumple la finalidad de dar a conocer y comprobar la cualificación técnica, profesional y personal que debe examinar el ente competente de la elección de los profesionales, sino también el escrutinio público de la sociedad en dicho proceso. Caso similar sucede con los números de vigilancia de la profesión.
Uniformidad del criterio:

El acceso a la información pública es un derecho constitucional “implícito”, es decir, no regulado expresamente en la Constitución (Cn.), pero que tiene una condición indiscutible de derecho fundamental surgida del derecho a la libertad de expresión regulado en el artículo 6 de la Cn. Este mismo criterio ha sido sostenido en la resolución 13-D-2013 del IAIP. El DAIP, sin embargo, no es absoluto, puesto que es susceptible de restricciones que condicionan su pleno ejercicio y una de esas limitaciones se relaciona cuando el “interés público” pueda resultar efectivamente perjudicado con la difusión de la información, después de verificarse un examen de proporcionalidad entre los bienes o valores jurídicos que se busca proteger con la publicidad y reserva de la misma. Este mismo criterio ha sido sostenido en las resoluciones 049-A-2014, 165-A-2014 y 169-A-2014 del IAIP. […] es aquella información privada en poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un interés personal jurídicamente protegido […]. Este mismo criterio ha sido sostenido en las resoluciones 045-A-2014, 047-A-2014, 048-A-2014, 049-A-2014, 050 Y 055-A-2014, 165-A-2014, 173-A-2014, 183-A-2014, 186-A-2014, 3-D-2014 y 6-D-2014 del IAP. [...] este Instituto ya ha reconocido como causales que pueden dar lugar a la inexistencia de la información, las siguientes: a) que nunca se haya generado el documento respectivo, b) que el documento se encuentre en los archivos del ante obligado pero se haya destruido por su antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito; c) que la información haya estado en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su destrucción, en este caso deberá verificarse si ésta se realizó de conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria. Este mismo criterio ha sido sostenido en las resoluciones 175-A-2014,179-A-2014 y 180-A-2014 del IAIP. (IAIP, Resolución Definitiva IAIP 39-A-2013, del 28 de octubre de 2013). [...] este Instituto ya ha reconocido como causales que pueden dar lugar a la inexistencia de la información, las siguientes: a) que nunca se haya generado el documento respectivo, b) que el documento se encuentre en los archivos del ante obligado pero se haya destruido por su antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito; c) que la información haya estado en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su destrucción, en este caso deberá verificarse si ésta se realizó de conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria.

Cambios del criterio:

No especificado

Matices particulares:

No especificado