Detalle de la resolución

  • Referencia: 20-A-2013
  • Fecha: 2013-10-03
  • Tipo de procedimiento: Apelaciones
  • Tipo de resolución: Definitiva
  • Tipo de solicitante: Persona natural
  • Género: Masculino
  • Institución: Ministerio de Trabajo y Previsión Social
  • Sustrato fáctico: El apelante presentó recurso de apelación contra la decisión del Oficial de Información del Ministerio de Trabajo y Previsión Social por denegarle la información consistente en un ejemplar del Programa de Gestión de Prevención de Riesgos y si tienen Comités de Seguridad y Salud Ocupacional conformados, aduciendo que se encontraba clasificada como información reservada.
  • Categoría:
    • Acceso a la información
  • Subcategoría:
    • Pública
  • Justificación de la declaratoria de reserva de la información: [...] La reserva de información procede cuando el revelar determinada información tiene como consecuencia un riesgo a la seguridad; para este caso en concreto la reserva de información constituiría un riesgo, ya que no se está brindando información que podría proteger la seguridad de las personas.
  • Carácter fundamental del derecho de acceso a la información pública: Este Instituto ha reconocido que el derecho de acceso a la información tiene una condición indiscutible de derecho fundamental, anclada en el reconocimiento constitucional del derecho a la libertad de expresión (art. 6 de la Constitución) que tiene como presupuesto el derecho de investigar o buscar y recibir informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan interés público, y en el principio democrático del Estado de Derecho –de la República como forma de Estado– (art. 85 Cn.) que impone a los poderes públicos el deber de garantizar la transparencia y la publicidad en la Administración, así como la rendición de cuentas sobre el destino de los recursos y fondos públicos...
  • Deber de transparencia de los actos de gobierno: [...][El] derecho fundamental [de acceso a la información pública] impone simultáneamente el deber correlativo del Estado y de los demás entes obligados de garantizar la entrega oportuna, veraz, completa y fidedigna de la información pública o, en caso contrario, fundamentar la imposibilidad de acceso con base en una causa prevista por la ley y compatible con la Constitución. De ahí que el acceso a la información pública tiene por objeto la transparencia constante de los actos de gobierno; es decir, que la gente se entere, sepa de qué se trata, tome noticia de los antecedentes, de los fundamentos y de todo lo atinente a una decisión.
  • Límites del derecho de acceso a la información pública: [...] el derecho de acceso a la información no es ilimitado, ya que si bien la fórmula normal de actuación de la Administración Pública debe tender a permitir el permanente acceso concreto y efectivo a la información, cualquier limitación al libre acceso debe fundarse [...] en una disposición legal anterior de interpretación restrictiva que especifique el tipo de información y la duración de la restricción y que, desde luego, sea conforme a la Constitución justificada en razones que respondan a un interés superior o a un posible perjuicio directo o inminente para el Estado, persona o personas determinadas.
  • Sana crítica: Las resoluciones expedidas por este Instituto deben ser fundamentadas en los hechos probados y las razones legales procedentes, siendo que las pruebas aportadas en el procedimiento serán apreciadas según las reglas de la sana crítica (art. 90 de la LAIP), indicándose el valor que el Instituto le otorga a los medios de prueba, en virtud de las reglas de ese sistema de valoración (art. 80 del RELAIP). La sana crítica es entendida como el sistema de apreciación de las pruebas aportadas en su conjunto y no solo individualmente conforme a las máximas de la experiencia, la lógica y el correcto entendimiento humano y conocimiento científico, mediante el cual se asigna a cada medio probatorio un determinado valor o se indican las razones por las que no se les otorga valor alguno.
Uniformidad del criterio:

El Instituto de Acceso a la Información Pública ha ratificado el criterio en cuanto a la información reservada en el fallo 8-A-2013, del 19 de junio de 2013.

Cambios del criterio:

No especificado

Matices particulares:

No especificado