Detalle de la resolución

  • Referencia: 43-A-2014
  • Fecha: 2014-04-30
  • Tipo de procedimiento: Apelaciones
  • Tipo de resolución: Definitiva
  • Tipo de solicitante: Persona natural
  • Género: Masculino
  • Institución: Instituto de Acceso a la Información Pública
  • Sustrato fáctico: El presente procedimiento de apelación ha sido promovido ante este Instituto por el ciudadano [...] contra diversas resoluciones emitidas por el Oficial de Información del INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL…"
  • Categoría:
    • Acceso a la información
  • Subcategoría:
    • Pública
  • Principio democrático del Estado de Derecho: [...] Retomando el criterio resolutivo de este Instituto emitido en la resolución definitiva del procedimiento de apelación de referencia NUE ACUM. 14 al 34, 38 y 44-A-2014 (MV), traído a colación por la similitud de los hechos presentados y de las valoraciones emitidas por el Oficial de Información del ISSS, para poder cumplir con uno de los fines de la LAIP, que es fomentar la cultura de transparencia, es necesario que el Estado genere los mecanismos necesarios para hacer llegar a las personas la información, sobre sus proyectos y la forma en la que está disponiendo de los fondos o recursos públicos. Esta necesidad se desprende del principio democrático del Estado de Derecho (Art. 85 de la Constitución de la República) que de manera obligatoria impone a los Órganos del Estado y los poderes públicos el deber de garantizar la transparencia, publicidad y rendición de cuentas sobre el destino de los recursos y fondos públicos. Art. 85 Cn.
  • Forma de presentación de la solicitud de información: [...] El Art. 66 de La LAIP regula la forma de ejercicio del DAIP estableciendo que las solicitudes de información podrán presentarse -ante los entes obligados- en forma escrita, verbal, electrónica o por cualquier otro medio idóneo, ya sea en forma libre o en los formularios que apruebe este Instituto. El mismo artículo describe el contenido que debe llevar cada solicitud de información, así como la obligatoriedad de presentar un documento de identidad, estableciendo que cada ente obliga debe entregar al solicitante una constancia de que su solicitud ha sido interpuesta. Esta misma disposición expresamente prohíbe que la entrega de la información solicitada se condicione a que el ciudadano motive o justifique la forma en que la utilizará o cuál es su interés en la misma. De igual manera, el Art. 63 de la LAIP permite la consulta directa como otro mecanismo de acceso a la información pública. En ese mismo orden de ideas, el Art. 68 de la LAIP complementa el procedimiento de acceso a la información que se lleva a cabo ante los entes obligados, estableciendo el derecho de los solicitantes a la asistencia para el acceso a la información; lo que constituye un perfeccionamiento del deber de los entes obligados de propiciar la transparencia en la gestión pública. Art. 66, 63 Y 68 de La LAIP
  • Función orientadora del Oficial de información: [...] Este Instituto considera necesario destacar que, durante la presentación de estas solicitudes de información, la Oficina de Información y Respuesta del ISSS claramente se alejó del mandato legal establecido en el Art. 68 de la LAIP, consistente en brindar asistencia al solicitante, pues entorpeció su DAIP al indicarle que prestara los expedientes y que seleccionara los folios que necesitaba para posteriormente denegar la información solicitada; imponiendo al ciudadano innecesarias pero, sobre todo, ilegítimas para el ejercicio de su derecho. Esta actuación contraviene claramente la obligación de propiciar la transparencia en la gestión pública, en los términos indicados en el romano anterior. Además, orientar erróneamente al apelante para, luego, denegarle la información solicitada, contraviene el Principio de la Buena Fe y la Vinculatoriedad de los Actos Propios de la Administración Pública, puesto que, es inconcebible en un Estado de Derecho que los entes y funcionarios públicos se retracten de seguir sus propias instrucciones, cuyo cumplimiento impone al ciudadano.
  • Clasificación de la información: [...] La LAIP establece una clasificación tripartita de la información: pública (oficiosa o no), reservada y confidencial. De conformidad con el Art. 6 de la LAIP, la información oficiosa es aquella que los entes obligados, de manera oficiosa, pondrán a disposición del público, con el correlativo deber de divulgarla y actualizarla en los términos que expida este Instituto. Mientras que la información reservada es aquella que por razones, expresas en la Ley, debe mantenerse con ese carácter, durante un plazo establecido, debiendo los entes obligados emitir una resolución motivada en la que se acredite que los presupuestos fácticos relacionados con esa información encajan en el presupuesto de hecho establecido en la norma, de conformidad con los requisitos de fondo y de forma establecidos en el Art. 21 de la LAIP. Por su parte, la información confidencial, es aquella que se refiere a la privacidad de la persona, los datos personales, los secretos profesional, comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal, etc.
  • Información privada como categoría de información: [...] El acceso a la información solicitada por el ciudadano tampoco puede limitarse por ser considerada como privada, puesto que, como ya se explicó en detalle en párrafos anteriores, esta categoría no está contemplada dentro de la ley y no puede, por tanto, servir como límite legítimo al ejercicio del DAIP. Es más, establecer categorías de información que limiten el DAIP al margen de la ley, constituye una clara violación al Principio de Legalidad, en el sentido que implica un ejercicio de facultades no contemplada ni conferidas previamente por el ordenamiento jurídico. En otras palabras, los Oficiales de Información no puede, a su arbitrio, establecer clasificaciones de información no contenidas con la ley, utilizándolas como fundamento para imponer limitaciones al DAIP. Por lo tanto, la información relativa a las contrataciones que se hayan celebrado por las dependencias y entidades de la administración pública no son susceptibles de clasificarse con el carácter de reservada o confidencial; puesto que en estos expedientes administrativos únicamente constan hechos acaecidos en torno a los mismos, y están en íntima relación con el uso y manejo de los fondos públicos que hacen las instituciones del Estado, lo cual está revestido de un carácter indiscutiblemente público.
  • Licitaciones públicas: La LACAP, en su artículo 15 establece la obligación de la UACI de “llevar un registro de todas las contrataciones realizadas en los últimos diez años (…)”, así como la de llevar “un registro de ofertantes y contratistas, a efecto de incorporar información relacionada con el incumplimiento y demás situaciones que fueren de interés para futuras contrataciones y exclusiones”, finalmente la citada disposición establece la facultad de llevar estos registros de manera electrónica y el carácter público de los mismos. Es evidente la intención del legislador de establecer esta información como pública, pues incluso, la LACAP, en el Art. 151 letra b) considera como infracción leve “no permitir el acceso al expediente de contrataciones de forma injustificada a las personas involucradas en el proceso; posterior a la adjudicación del mismo”; lo cual es conforme con el Art. 10 números 19 y 20 de la LAIP, así como con la obligación del Jefe de Adquisiciones y Contrataciones Institucional establecida en el Art. 10 letra b) de la LACAP de llevar “un expediente (…) del proceso de contratación, desde el requerimiento de la unidad solicitante hasta la liquidación de la obra, bien o servicio”. Art. 15, 151 letra b/ 10 de la LACAP.
  • Información reservada: Respecto de la categoría de información reservada invocada por el Oficial de Información en las resoluciones impugnadas, es preciso aclarar que, se conformidad con el Art. 50 letra “m”. de la LAIP corresponde a dicho funcionario “elaborar el índice de información clasificada como reservada”, debiendo responder en todo caso por la entrega o difusión de información que ha sido declarada como reservada o confidencial, tal como lo establece el Art. 76 Inc. 2° letra “b” de la LAIP, en el apartado de infracciones muy graves. Sin embargo, en el presente caso, ni la información solicitada por el apelante ha sido registrada en el índice de información reservada que lleva este instituto, ni el ente obligado ni su Oficial de Información han comprobado y fundamentado que los datos solicitados encajan dentro de las causales de reserva establecidas en los Arts. 19 y 24 de la LAIP. Art. 50 letra “m”, 76 Inc. 2° letra “b", 19 y 24 de la LAIP.
Uniformidad del criterio:

No especificado

Cambios del criterio:

No especificado

Matices particulares:

No especificado