Detalle de la resolución

  • Referencia: 22-A-2013
  • Fecha: 2013-09-09
  • Tipo de procedimiento: Apelaciones
  • Tipo de resolución: Definitiva
  • Tipo de solicitante: Persona natural
  • Género: Masculino
  • Institución: Ministerio de Trabajo y Previsión Social
  • Sustrato fáctico: El solicitante interpuso recurso de apelación contra la resolución emitida por el Oficial de Información del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en que le negaban certificación de su expediente personal, pues consideraban que se trataba de información reservada.
  • Categoría:
    • Acceso a la información
  • Subcategoría:
    • Pública
  • Sana crítica: La sana crítica es entendida como el sistema de apreciación de las pruebas aportadas en su conjunto y no solo individualmente, conforme a las máximas de la experiencia, la lógica, el correcto entendimiento humano y el conocimiento científico, mediante el cual se asigna a cada medio probatorio un determinado valor o se indican las razones por las que no se les otorga valor alguno. Art. 90 de la LAIP
  • Carácter fundamental del derecho de acceso a la información pública: [...] el derecho de acceso a la información tiene una condición indiscutible de derecho fundamental, anclada en el reconocimiento constitucional del derecho a la libertad de expresión (art. 6 de la Constitución) que tiene como presupuesto el derecho de investigar o buscar y recibir informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan interés público, y en el principio democrático del Estado de Derecho –de la República como forma de Estado– (art. 85 Cn.) que impone a los poderes públicos el deber de garantizar la transparencia y la publicidad en la Administración, así como la rendición de cuentas sobre el destino de los recursos y fondos públicos [...] Art. 6 y 85 de la Constitución.
  • Consecuencias negativas de las anotaciones sobre antecedentes penales: De [la] condición de derecho fundamental [del acceso a la información pública] se derivan consecuencias tales como: a) la prohibición de alterar su contenido esencial, tanto en su interpretación como en su regulación; b) el reconocimiento de su dimensión objetiva o institucional, con sus implicaciones prestacionales y de garantía; c) la directiva de su armonización, balance o equilibrio con otros derechos en conflicto; y, d) el reconocimiento de su fuerza expansiva y optimizadora.
  • Deber de transparencia como consecuencia del derecho de acceso a la información pública: Este derecho fundamental [de acceso a la información pública] impone simultáneamente el deber correlativo del Estado y de los demás entes obligados de garantizar la entrega oportuna, veraz, completa y fidedigna de la información pública o, en caso contrario, fundamentar la imposibilidad de acceso con base en una causa prevista por la ley y compatible con la Constitución. [Este derecho] tiene por objeto la transparencia constante de los actos de gobierno; es decir, que la gente se entere, sepa de qué se trata, tome noticia de los antecedentes, de los fundamentos y de todo lo atinente a una decisión.
  • Límites del derecho de acceso a la información pública: [...]el derecho de acceso a la información no es ilimitado, ya que si bien la fórmula normal de actuación de la Administración Pública debe tender a permitir el permanente acceso concreto y efectivo a la información, cualquier limitación al libre acceso debe fundarse [...] en una disposición legal anterior de interpretación restrictiva que especifique el tipo de información y la duración de la restricción y que, desde luego, sea conforme a la Constitución justificada en razones que respondan a un interés superior o a un posible perjuicio directo o inminente para el Estado, persona o personas determinadas.
  • Prueba del daño en la declaratoria de reserva de la información: [...] al aplicar la prueba de daño al interés público es necesario adoptar una interpretación restrictiva de la excepción, es decir, que se debe elegir siempre la opción de excepción que menos restrinja el derecho de acceso a la información pública, ya que esta debe: i) ser adecuada para el logro del objetivo; ii) ser proporcionada para el interés que la justifica, e iii) interferir lo menos posible con el ejercicio efectivo del derecho.
Uniformidad del criterio:

No especificado

Cambios del criterio:

No especificado

Matices particulares:

En esta resolución el Instituto de Acceso a la Información Pública amplia la concepción del Derecho a la Información Pública como un Derecho Fundamental, atribuyéndole consecuencias específicas por su calidad.