Detalle de la resolución

  • Referencia: 9-O-2016
  • Fecha: 2017-09-18
  • Tipo de procedimiento: Oficioso
  • Tipo de resolución: Definitiva
  • Tipo de solicitante: Institución
  • Institución: Acaldia Municipal de Santa Ana
  • Sustrato fáctico: Este Instituto dio inicio al incidente sancionador en contra de las actuaciones del Oficial de Información de la Municipalidad de Santa Ana, por el presunto cometimiento de la infracción leve a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), contenida en el Art. 76 letra "c", consistente en no proporcionar la información en el plazo fijado por la LAIP, pues este no emitió una resolución a la solicitud de información realizada.
  • Categoría:
    • Procedimiento sancionador
  • Subcategoría:
    • Incidente sancionatorio
  • Procedimiento administrativo sancionador: Los procedimientos administrativos sancionadores pueden iniciarse de oficio, por acuerdo del órgano competente, por petición razonada de otros órganos o denuncia ciudadana; es decir, según como lo disponga el ordenamiento jurídico aplicable.
  • Principios que rigen potestad administrativa sancionadora del Instituto: [...] la potestad administrativa sancionadora se encuentra sujeta a principios y garantías, sustantivos y procesales, que han de informar su ejercicio; entre ellos el establecimiento de un procedimiento sancionador que garantice el respeto de los derechos constitucionales de los posibles sancionados.
  • Sanción administrativa: La sanción administrativa constituye un acto de gravamen que disminuye o debilita la esfera jurídica de los particulares, mediante la privación de un derecho, como prohibición de una determinada actividad, denominada sanción interdictiva o a través de la imposición de un deber económico antes inexistente -sanción pecuniaria-.
  • Aplicación de los principios del derecho penal en el derecho administrativo sancionador: En este contexto, resulta necesario analizar si el servidor público ha incurrido en la infracción que se le imputa, observando los principios que establece el Derecho Penal para ello, ya que el Derecho Administrativo Sancionador, como toda rama del derecho, se guía por una serie de principios que constituyen un criterio informador de la actividad de la administración pública relacionado al poder punitivo del Estado. En este sentido, se puede hablar del Derecho Penal como elemento integrador del Derecho Administrativo Sancionador, es decir, la ausencia de un ordenamiento penal administrativo no debe interpretarse como una puerta abierta a la administración para la aplicación libre y arbitraria de sus facultades sancionadoras; por Jo que, las aplicaciones supletorias de los principios básicos del Derecho Penal sirven como garantía o límite en el ejercicio de la potestad administrativa sancionadora.
  • Principio de lesividad: Este principio fundamenta su eficacia, entre otros aspectos, como un límite a la interpretación sobre si una conducta es susceptible de la interposición de una pena, en este caso de una sanción de tipo pecuniaria, pues se valora si el comportamiento descrito efectivamente lesiona o pone en riesgo el bien jurídico protegido, presupuesto sin el cual carecería de relevancia la actuación señalada. Para el caso en concreto, se puede evidenciar que el bien jurídico que se protege es el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP), el cual tiene su protección a nivel constitucional y es desarrollado por medio de una Ley especial creada para ello. [...] se puede afirmar, en principio, que existe una lesión al bien jurídico protegido (DAIP) cuando se le restrinja el acceso a la información sin una justificante válida y legalmente fundamentada.
  • Deber de sustanciación de solicitudes de información hasta obtención de respuesta: [...] la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) contempla que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información; esto implica que se garantiza el cumplimiento de este derecho no solo con la mera interposición de la solicitud respectiva, sino que es necesaria la recepción de lo solicitado -siempre y cuando sea de naturaleza pública y no se encuentre con alguna limitante expresa en la Ley para su entrega[...]
Uniformidad del criterio:

No especificado

Cambios del criterio:

No especificado

Matices particulares:

No especificado