Detalle de la resolución

  • Referencia: 396-A-2016
  • Fecha: 2017-05-11
  • Tipo de procedimiento: Apelaciones
  • Tipo de resolución: Definitiva
  • Tipo de solicitante: Persona natural
  • Género: Masculino
  • Institución: Fiscalía General de la República
  • Sustrato fáctico: […] apeló en contra de la resolución emitida por la Oficial de Información de la Fiscalía General de la República (FGR), que denegó el acceso a la información relativa a […] La Oficial de Información, respondió citando el art. 193 de la Constitución y el art. 18 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en las que se establecen atribuciones de la FGR relacionadas particularmente con la persecución de las conductas delictivas que puedan provenir de la sentencia de Inconstitucionalidad en cuestión.
  • Categoría:
    • Acceso a la información
  • Subcategoría:
    • Pública
  • Carácter fundamental del derecho de acceso a la información pública: El acceso a la información pública es un derecho constitucional “implícito”, es decir, no regulado expresamente en la Constitución (Cn.), pero que tiene una condición indiscutible de derecho fundamental surgida del derecho a la libertad de expresión regulado en el artículo 6 de la Cn. El DAIP comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan “interés público”. Este “derecho a saber” se enmarca en el ámbito de las libertades individuales, aunque también tiene un carácter colectivo que adquiere relevancia para el fortalecimiento del estado democrático de derecho, porque su ejercicio garantiza la transparencia y permite a las personas acceder libremente a las informaciones en poder de las instituciones del Estado, como un mecanismo de control social a la gestión pública. Art. 6 Constitución de la República.
  • Carácter no absoluto del derecho de acceso a la información pública: El DAIP, sin embargo, no es absoluto, puesto que es susceptible de restricciones que condicionan su pleno ejercicio, no obstante, los límites del derecho de acceso a la información no pueden ser arbitrarios, sino que deben estar previamente establecidos por el legislador, de esta manera se previene que la Administración Pública utilice discrecionalmente argumentos encaminados a negar la información.
  • Justificación de la declaratoria de inexistencia de la información: El propósito que dicho funcionario emita una declaración que confirme, en su caso, la inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto; es decir, que se dé certeza al solicitante del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada.
  • Causales de inexistencia de la información: Este Instituto ha reconocido como causales que pueden dar lugar a la inexistencia de la información, las siguientes: a) que nunca se haya generado el documento respectivo, b) que el documento se encuentre en los archivos del ente obligado pero se haya destruido por su antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito; y, c) que la información haya estado en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su destrucción, en ese caso deberá verificarse si ésta se realizó de conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria.
Uniformidad del criterio:

Este Instituto ha reconocido como causales que pueden dar lugar a la inexistencia de la información, las siguientes: a) que nunca se haya generado el documento respectivo, b) que el documento se encuentre en los archivos del ente obligado pero se haya destruido por su antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito; y, c) que la información haya estado en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su destrucción, en ese caso deberá verificarse si ésta se realizó de conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria. Criterio que ha sostenido además el IAIP en la resolución 39-A-2013, del 28 de octubre de 2013.

Cambios del criterio:

No especificado

Matices particulares:

No especificado