Detalle de la resolución

  • Referencia: 55, 82, 91, 98, 162,
  • Fecha: 2017-02-13
  • Tipo de procedimiento: Apelaciones
  • Tipo de resolución: Definitiva
  • Tipo de solicitante: Persona natural
  • Género: Masculino/Femenino
  • Institución: Corte Suprema de Justicia
  • Sustrato fáctico: Sujetos presentaron recursos de apelaciones, en contra de las resoluciones emitidas por el Oficial de Información de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debido a que les denegaban la información sobre declaraciones patrimoniales y resultado de las auditorías realizadas a ex funcionarios públicos.
  • Categoría:
    • Acceso a la información
  • Subcategoría:
    • Pública
  • Carácter fundamental del derecho de acceso a la información pública: [Las] declaraciones juradas de patrimonio de los funcionarios son públicas o dejaron de ser reservadas a partir de su divulgación por la CSJ y el examen realizado por la Sección de Probidad a tales declaraciones forma “un solo cuerpo” con ellas, la negativa del ente obligado a entregar dicho examen, análisis o dictamen, basada en la “reserva total de las declaraciones juradas recibidas en la Sección de Probidad”, carece de sustento y por lo tanto, al igual que el contenido de la declaración, es público.
  • Carácter público de las declaraciones patrimoniales y del examen de la Sección de Probidad: [No] puede atribuirse la existencia de algún daño que justifique la reserva del examen, análisis o dictamen realizado por la Sección de Probidad de la CSJ a las declaraciones juradas de patrimonio, si el contenido de éstas es público y ambos, tanto examen como declaración, forman “un solo cuerpo”; de forma que el examen no puede entenderse separado de la declaración.
  • Declaraciones juradas de patrimonio no gozan de reserva indefinida: [...]dado que la actividad del Jefe de la Sección de Probidad de la CSJ que consiste en realizar el examen de las declaraciones juradas de patrimonio está sujeta al escrutinio público, así como lo están las mismas declaraciones, por lo que no goza un carácter reservado “indefinido”. Por ello, es oportuno ordenar la entrega de la información en los plazos dispuestos en los párrafos anteriores. [Debido a la capacidad instalada de la Sección de Probidad]
Uniformidad del criterio:

No especificado

Cambios del criterio:

No especificado

Matices particulares:

Hay un voto concurrente del Comisionado Jaime Mauricio Campos Pérez, el cual argumenta que: “El IAIP avala la decisión de la CSJ de entregar los exámenes que habría realizado la Sección de Probidad a las declaraciones juradas de patrimonio de los exfuncionarios requeridos, en los plazos establecidos por la propia institución.” Y además considera que: “es necesario analizar más prolijamente las solicitudes de acceso a los exámenes que realiza la Sección de Probidad a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y exfuncionarios. Como es sabido, este Instituto ha sostenido el criterio que tanto las declaraciones patrimoniales presentadas por los funcionarios, así como el informe final y las adendas respectivas que realiza la Sección de Probidad de la CSJ, a tales declaraciones patrimoniales, revisten un carácter público, como se dijo en el precedente NUE: 181-A-2015, del 1° de septiembre de 2015.” Otro aspecto que manifiesta es que “La definición de criterios y del procedimiento de investigación es importante para que la población conozca el trabajo que realiza la Sección de Probidad y además para que esta organice su actividad.” Razón por la cual considera que “es la propia Sección de Probidad de la CSJ, de acuerdo con su capacidad instalada, recursos y complejidad de los asuntos sometidos a su análisis, la que debe establecer, en cada caso particular, conforme a los criterios y procedimiento ya definidos, un plazo razonable de las investigaciones que realice; pero, asimismo, tiene la facultad de rechazar el pedido de una “auditoría”, “examen” o “informe” sobre declaraciones patrimoniales, siempre que no exista indicio alguno de enriquecimiento ilícito o no se cumplan los criterios aprobados por el pleno de la CSJ.” Por otra parte, recuerda “que la verificación de todas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios en pocos casos sería rentable, por lo que es importante seleccionar –a través de criterios objetivos- cuáles declaraciones se examinarán. De ahí que, en la mayoría de países, el enfoque preferido es el de “priorizar” las declaraciones de funcionarios cuyo puesto o función representan un mayor riesgo de conducta corrupta.”