Detalle de la resolución

  • Referencia: 11-D-2014
  • Fecha: 2014-09-01
  • Tipo de procedimiento: Denuncias DAIP
  • Tipo de resolución: Definitiva
  • Tipo de solicitante: Persona natural
  • Género: Masculino
  • Institución: Instituto Nacional de la Juventud
  • Sustrato fáctico: El presente procedimiento administrativo sancionador, ha sido promovido por denuncia interpuesta por el ciudadano […], en contra de los servidores públicos […], ex miembros de la Junta Directiva del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), por la posible comisión de la infracción muy grave, establecida en el artículo 76 inciso 2° letra “d” de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), tipificada como incumplimiento, por parte del funcionario competente, de la obligación de nombrar Oficial de Información.
  • Categoría:
    • Procedimiento sancionador
  • Subcategoría:
    • Denuncia
  • Potestad administrativa sancionadora del Instituto de acceso a la información pública: [...] este Instituto puede intervenir punitivamente en la esfera jurídica de los servidores públicos con facultad para tomar decisiones que provoquen una lesión o daño al Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP), considerado éste como un derecho fundamental de los administrados, siempre que tales comportamientos se encuentren tipificados en el referido cuerpo normativo como infracciones plausibles acreedoras de una sanción de carácter pecuniario.
  • Principios que rigen potestad administrativa sancionadora del Instituto: Dentro de esta potestad administrativa sancionadora, se encuentran fijados fines y principios que deben regir la valoración de los hechos e interpretación de las normas. Entre estos principios se encuentran: el principio de legalidad, lesividad del bien jurídico, culpabilidad y la prohibición de doble juzgamiento, que en doctrina se han denominado como el programa penal de la Constitución.
  • Condiciones para la imposición de sanciones: [... existen] condiciones para la imposición de sanciones por infracciones a la Ley y al DAIP, tales como: i) que una ley describa la infracción y su punición; ii) que la ley [...] sea anterior al hecho; iii) que la ley sea precisa en su lenguaje descriptivo con relación a la construcción de la infracción y precisa en el lenguaje normativo de las consecuencias que resulten de su cometimiento; y, iv) que se evite comprender supuestos que no se enmarquen dentro de su tenor.
  • Servidores públicos indiciados: [...] será(n) aquel(los) a quien(es) —por su cargo o función― se le(s) impute la comisión de la misma, pudiendo ser esta responsabilidad individual o compartida con otros servidores públicos que hayan sido partícipes de la toma de decisión o de la omisión que implique una infracción a la ley.
  • Finalidad del procedimiento sancionador: [...] el fin de este procedimiento —más allá de verificar el cometimiento de la infracción y la procedencia de la respectiva sanción—, consiste en garantizar el derecho de acceso a la información cuyo reconocimiento constitucional se deriva del derecho a la libertad de expresión (art. 6 de la Constitución) que tiene como presupuesto el derecho de investigar o buscar y recibir informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan interés público [...].
  • Oficial de información ad honorem debe tener presencia física en instalaciones: La finalidad de nombrar al Oficial de Información es garantizar materialmente el acceso a la información pública de las personas, por lo que, asegurado dicho fin, y justificando en razones como la carga laboral, déficit presupuestario, rechazo de la incorporación de la plaza en la Ley de Salarios o de los movimientos financieros requeridos para efectuar la contratación bajo otro régimen, entre otras cosas, los entes obligados pueden nombrar como Oficial de Información Ad Honorem, dentro de su organización y de manera temporal, a servidores públicos que cumplen con otras funciones, ampliando de esta manera la excepción antes mencionada. Este nombramiento Ad Honorem, no debe recaer bajo ninguna circunstancia en un sujeto perteneciente a una institución diferente del ente de que se trate [...] En consecuencia, un nombramiento Ad Honorem no es la figura idónea ni debe adquirir un carácter de permanente, mucho menos cuando recae en un sujeto que ni siquiera está vinculado ni se encuentra físicamente en las instalaciones del ente respecto del cual ejerce esta función.
  • Duplicidad de las funciones del Oficial de información: [...] la duplicidad de funciones [del Oficial de información] debe estar orientada únicamente a cubrir una contingencia y a garantizar el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información mientras se nombra a un funcionario exclusivo para el desempeño de esas labores, por lo que no puede convertirse en una condición permanente ni en un mecanismo que lejos de garantizar el referido derecho se convierta en un impedimento para su ejercicio.
  • Nombramiento de Oficial de información garantiza el derecho de acceso a la información pública: [...] una verdadera garantía del derecho de acceso a la información pública demanda la existencia de un servidor público nombrado específicamente para tales labores, que no se reducen al mero trámite de solicitudes, sino que incluyen todas las atribuciones establecidas por la LAIP en el Art. 50. El papel del Oficial de Información es fundamental para la auténtica vigencia del derecho de acceso a la información, por lo que su nombramiento no puede recaer en un servidor público que no pueda atender y dar cumplimiento a estas funciones con la mayor diligencia y compromiso. Se trata de una figura que busca fortalecer la democracia y la cultura de la transparencia, desde el poder público.
Uniformidad del criterio:

[...] será(n) aquel(los) a quien(es) —por su cargo o función― se le(s) impute la comisión de la misma, pudiendo ser esta responsabilidad individual o compartida con otros servidores públicos que hayan sido partícipes de la toma de decisión o de la omisión que implique una infracción a la ley. Este mismo criterio ha sido sostenido en la resolución 4-D-2013 del IAIP./ [...] el fin de este procedimiento —más allá de verificar el cometimiento de la infracción y la procedencia de la respectiva sanción—, consiste en garantizar el derecho de acceso a la información cuyo reconocimiento constitucional se deriva del derecho a la libertad de expresión (art. 6 de la Constitución) que tiene como presupuesto el derecho de investigar o buscar y recibir informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan interés público [...]. Este mismo criterio ha sido sostenido en las resoluciones 5-D-2013, 9-D-2013 y 8-D-2014 del IAIP./ La finalidad de nombrar al Oficial de Información es garantizar materialmente el acceso a la información pública de las personas, por lo que, asegurado dicho fin, y justificando en razones como la carga laboral, déficit presupuestario, rechazo de la incorporación de la plaza en la Ley de Salarios o de los movimientos financieros requeridos para efectuar la contratación bajo otro régimen, entre otras cosas. Este mismo criterio ha sido sostenido en la resolución 8-D-2014.

Cambios del criterio:

No especificado

Matices particulares:

No especificado