Detalle de la resolución

  • Referencia: 48 y 76-A-2016
  • Fecha: 2016-09-19
  • Tipo de procedimiento: Apelaciones
  • Tipo de resolución: Definitiva
  • Tipo de solicitante: Persona natural
  • Género: Masculino
  • Institución: Alcaldia Municipal de San Alejo
  • Sustrato fáctico: El sujeto primeramente presentó recurso de apelación en contra de la resolución emitida por el Oficial de información de la Municipalidad de San Alejo, debido a que denegó la información consistente en: lista de todo el personal que labora en la Municipalidad de San Alejo especificando su idoneidad, salario de cada empleado, si se encuentran por Ley de Salarios, por contrato, por prestación de servicios profesionales y asesores. Su inconformidad radica en que la información se le ha entregado de forma incompleta. En segundo lugar presentó recurso de apelación contra la misma entidad debido a que se le denegó la información consistente en: (a) Plan operativo anual y los resultados obtenidos en el cumplimiento del mismo; entre otras.
  • Categoría:
    • Acceso a la información
  • Subcategoría:
    • Pública
  • Información pública oficiosa: [La información oficiosa] siempre debe estar a disposición del público y debe divulgarse y actualizarse constantemente, para que los interesados puedan acceder a ella sin ningún inconveniente.
  • Requisitos para la declaratoria de reserva de la información: Para que pueda operar la declaratoria de reserva, se necesita la concurrencia de tres requisitos: (a) legalidad, (b) razonabilidad y (c) temporalidad.
  • Legalidad como requisito para la declaratoria de reserva de información pública: [En cuanto a la] legalidad, para que un ente obligado pueda reservar la información pública se debe analizar respecto al marco legal vigente, esto para garantizar que los límites al ejercicio de este derecho estén dirigidos a la protección de otros derechos de idéntica o superior importancia.
  • Razonabilidad como requisito para la declaratoria de reserva de la información pública: [En cuanto a la] razonabilidad. No basta con que el ente obligado cite normativas que lo habiliten a denegar la información por considerarla reservada, también es necesario que se razone la adopción de una limitación y de fundamentar la clasificación de un documento [reguladas en el Art. 21 de la LAIP] con ello se busca reducir la arbitrariedad de los funcionarios que tienen la potestad de clasificar la información, y evitar denegaciones injustificadas de la información. La denegatoria de información por declaratorias de reserva tienen que ser delimitadas y verificadas para cada caso en concreto, siendo necesario realizar un razonamiento más amplio, dónde se pueda establecer por parte del ente obligado los motivos del por qué se deniega la información y la repercusión que puede tener en la sociedad el revelar dicha información[...][El ente obligado] no ha razonado su declaratoria de reserva, siendo esto una vulneración al derecho de acceso a la información pública, puesto que no basta transcribir artículos sino justificar, especificar y fundamentar por qué se le da tal calidad, cumpliendo con cada uno de los requisitos establecidos en el Art. 21 de la LAIP.
  • Carácter fundamental del derecho de acceso a la información pública: [El] derecho de acceso a la información tiene una condición indiscutible de derecho fundamental, anclada en el reconocimiento constitucional del derecho a la libertad de expresión ─Art. 6 Cn.─ que tiene como presupuesto el derecho de investigar o buscar y recibir informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan interés público, y en el principio democrático del Estado de Derecho ─Art. 85 Cn.─ que impone a los poderes públicos el deber de garantizar la transparencia y la publicidad en la Administración, así como la rendición de cuentas sobre el destino de los recursos y fondos públicos. Contenido del DAIP. De esa condición de derecho fundamental se derivan consecuencias tales como: (a) la prohibición de alterar su contenido esencial, tanto en su interpretación como en su regulación; (b) el reconocimiento de su dimensión objetiva o institucional, con sus implicaciones prestacionales y de garantía; (c) la directiva de su armonización, balance o equilibrio con otros derechos en conflicto; y, (d)el reconocimiento de su fuerza expansiva y optimizadora. Función de ponderación del IAIP. corresponde a este Instituto, como garante del derecho de acceso a la Información (Art. 58 letra “a” de la LAIP), realizar la labor de armonización y determinación del alcance de tal derecho, así como la ponderación cuando este entre en colisión con otros derechos fundamentales. Versiones públicas conforme al principio de máxima publicidad.[...]el ente obligado, en aras de garantizar el Principio de Máxima Publicidad, [debe] prepar[ar] “versiones públicas” de la información requerida por el ciudadano, en las cuales podrá suprimir datos [...] de carácter confidencial y de protección de la persona, si fuera procedente; no obstante, aclárese que suprimir contenido no sujeto a confidencialidad equivaldrá a una denegación de acceso a la información.
  • Municipalidades: Las municipalidades gozan de los elementos de un ente público; son entes autónomos, de naturaleza jurídica y política que deben cooperar con el bien común general y para lograrlo han de concurrir y coordinar su acción con el Estado y demás entes públicos y privados que ejerzan funciones de interés para la colectividad.
  • Principio de reserva de ley: [...]la reserva de ley es una técnica de distribución de potestades normativas a favor de la Asamblea Legislativa, en relación con ciertas esferas de especial interés para los ciudadanos. Y es así como a partir del Art. 131 Ord. 5° Cn., la Asamblea Legislativa está llamada a regular diferentes ámbitos jurídicos a través de leyes secundarias –es decir, leyes en sentido estricto–, y es la única autoridad habilitada constitucionalmente para reformar, derogar e interpretar ese tipo de instrumentos normativos. Reserva de ley en materia tributaria.[...]en materia tributaria, la reserva de ley tiene como finalidad, por un lado, garantizar el derecho de propiedad frente a injerencias arbitrarias del poder público (dimensión individual); y por otro lado, garantizar el principio de auto-imposición, esto es, que los ciudadanos no paguen más contribuciones que las que sus legítimos representantes –Asamblea Legislativa– han consentido (dimensión colectiva). Potestad normativa de las municipalidades en materia de impuestos.[En] materia de impuestos municipales, las comunas tienen una potestad normativa sumamente restringida, pues –como ya se apuntó– en tal área opera la reserva de ley relativa. Es decir que si bien se admite la intervención normativa municipal, esta supone una potestad derivada de la ley respectiva. Por tanto, existirá habilitación normativa para el municipio solo si la ley correspondiente efectúa una remisión o habilitación expresa o inequívoca, concreta y específica –en relación con aspectos o cuestiones singulares y plenamente identificables–, así como delimitada –hecha de modo que precise los términos materiales de la cuestión que se remite, de tal forma que su ámbito de actuación quede indubitablemente circunscrito–.
  • Potestad de las municipalidades para establecer costos de reproducción de las copias de información pública: [...]cuando [el legislador] autorizó a las instituciones públicas (las municipalidades, entre otras) a poder trasladarle al ciudadano solicitante los costos de reproducción y envío de la información requerida, no trasladó la potestad de hacer cobros arbitrarios por la reproducción y entrega de información, sino que limitó expresamente el margen de cobro que debe realizar cada institución, reduciéndolo al costo de reproducción de las fotocopias y de los medios de envío/entrega necesarios para satisfacer el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. Prevalencia de la LAIP frente a Ordenanza Municipal por cobro de copias para entrega de información. [El] Instituto considera oportuno aclarar que a pesar de la existencia de una ordenanza municipal que establece dicho cobro [para copias de entrega de información], esta contradice lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública; cuerpo normativo que posee mayor rango jerárquico y por tanto al entrar en conflicto con una ordenanza, deberá prevalecer el límite establecido en la LAIP. Cobro de copias certificadas.[...]la LAIP no fija límites para las copias certificadas, por lo que el cobro por cada certificación queda al arbitrio de las municipalidades.
Uniformidad del criterio:

El Instituto hace referencia a que ha establecido criterios respecto al cobro desproporcionado, pero no señala específicamente que dije al respecto, se limita a señalar las referencias (278-A-2015, 31-A-2016 y 67-A-2016)

Cambios del criterio:

No especificado

Matices particulares:

No especificado