Detalle de la resolución

  • Referencia: 20-A-2016
  • Fecha: 2016-07-15
  • Tipo de procedimiento: Apelaciones
  • Tipo de resolución: Definitiva
  • Tipo de solicitante: Persona natural
  • Género: Femenino
  • Institución: Corte de Cuentas de la República
  • Sustrato fáctico: La solicitante presentó recurso de apelación en contra de la resolución dictada por el oficial de información de la Corte de Cuentas de la República, debido a que se le denegó información de proceso de la Corte relativos a Alcaldía Municipal de Atiquizaya, del período comprendido del 1 de junio de 2014 al 31 de enero de 2016; alegando que la información ha sido clasificada como reservada.
  • Categoría:
    • Acceso a la información
  • Subcategoría:
    • Pública
  • Carácter fundamental del derecho de acceso a la información pública: El acceso a la información pública es un derecho constitucional “implícito”, es decir, no regulado expresamente en la Constitución (Cn.), pero que tiene una condición indiscutible de derecho fundamental surgida del derecho a la libertad de expresión, regulado en el Art. 6 de la Cn. El DAIP comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan “interés público”. Este “derecho a saber” se enmarca en el ámbito de las libertades individuales, aunque también tiene un carácter colectivo que adquiere relevancia para el fortalecimiento del estado democrático de derecho, porque su ejercicio garantiza la transparencia y permite a las personas acceder libremente a las informaciones en poder de las instituciones del Estado, como un mecanismo de control social a la gestión pública.
  • Carácter no absoluto del derecho de acceso a la información pública: El DAIP, sin embargo, no es absoluto, puesto que es susceptible de restricciones que condicionan su pleno ejercicio. Una de esas limitaciones es cuando el “interés público” pueda resultar efectivamente perjudicado con la difusión de la información, después de verificarse un examen de proporcionalidad entre los bienes o valores jurídicos que se busca proteger con la publicidad y reserva de la misma.
  • Excepción al principio de máxima publicidad: [...] una de las excepciones al principio de máxima publicidad es la información reservada, que es aquella información pública cuyo acceso se restringe de manera expresa de conformidad con la ley, en razón de un interés general, durante un período determinado y por causas justificadas, según el concepto del Art. 6 letra “e” de la LAIP. Otro límite al DAIP lo configura la información confidencial, que es aquella información privada en manos de entes obligados, según lo establecido en el Art. 24 de la LAIP. Art. 6 letra “e” y Art. 24 de la LAIP.
  • Taxatividad de las causales de reserva de información: [...] Estas causales son taxativas [art. 19 LAIP]. Cada ente obligado se encarga de clasificar como reservada la información, luego de considerar la legalidad y razonabilidad del porqué se decide excluir temporalmente la información del conocimiento público.[...] Para que pueda operar la declaratoria de reserva se necesita la concurrencia de tres requisitos: legalidad, temporalidad y razonabilidad./ Legalidad: El ejercicio legítimo de la facultad para reservar información pública debe enmarcarse dentro del ordenamiento legal vigente, a fin de garantizar que los límites al ejercicio del DAIP estén dirigidos a la protección de otros derechos de idéntica o superior importancia. […Por otro lado es importante dejar claro] que para que se cumpla con este requisito de legalidad no basta la mera invocación de la causal en que se fundamenta la declaratoria de reserva, sino que también es indispensable acreditar que se cumple con las condiciones necesarias para su aplicación; es decir, que los hechos y circunstancias del caso se ajustan a lo previsto por la ley […]
  • Nombres de servidores públicos constituyen información pública: ...existe un precedente en el que se determinó que cuando se trata de nombres de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, los nombres tienen que ser públicos; dicho de otro modo, cuando una persona solicita información relativa al nombre de funcionarios o servidores públicos se tiene que entregar la información.
  • Nombre de personas requiere consentimiento expreso para su entrega: […] se tiene la obligación de resguardar los datos personales cuando se trata de nombres de personas que no son servidores públicos; por lo tanto, si una persona realiza una solicitud de información orientada a conocer algún nombre o información de personas que no sean servidores públicos no se puede entregar la información, a menos que medie el consentimiento expreso de esta. Lo anterior es una manifestación del principio de igualdad.
  • Contenido de denuncias constituye información pública: [El] Instituto considera que una denuncia en ningún caso constituye información privada en poder de entes públicos, sino una manifestación de la contraloría social. Y es de total interés público conocer las presuntas irregularidades que se generan en la administración pública. Por ello, el contenido de la denuncia sí es información pública.
Uniformidad del criterio:

No especificado

Cambios del criterio:

No especificado

Matices particulares:

El IAIP señala nuevamente en la referida Sentencia que el Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) es un derecho implícito en nuestra Constitución, es decir, que no está regulado pero que se extrae vía interpretación del Artículo 6 de la Carta Magna. Hay un voto concurrente donde u comisionado manifiesta que le parece o resulta paradójico que, por una parte, se promueva la participación ciudadana, a través de fomentar una cultura de denuncia por la utilización indebida de los recursos del Estado y por otra, que esa misma denuncia sea reservada. Ejercer una forma de contraloría social para luego, reservarla, contradice el principio de transparencia.