Detalle de la resolución

  • Referencia: 6-A-2013
  • Fecha: 2013-06-26
  • Tipo de procedimiento: Apelaciones
  • Tipo de resolución: Definitiva
  • Tipo de solicitante: Institución
  • Institución: Ministerio de Trabajo y Previsión Social
  • Sustrato fáctico: El solicitante interpuso recurso de apelación contra la resolución emitida por la Oficial de Información del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que denegó el acceso a la información del plan mensual de inspecciones programadas de la Dirección General de Previsión Social, por tratarse de información declarada como reservada.
  • Categoría:
    • Acceso a la información
    • Acceso a la información
  • Subcategoría:
    • Reservada
    • Pública
  • Carácter fundamental del derecho de acceso a la información pública: […] el derecho de acceso a la información tiene una condición indiscutible de derecho fundamental, anclada en el reconocimiento constitucional del derecho a la libertad de expresión (art. 6 de la Constitución) que tiene como presupuesto el derecho de investigar o buscar y recibir informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan interés público, y en el principio democrático del Estado de Derecho –de la República como forma de Estado– (art. 85 Cn.) que impone a los poderes públicos el deber de garantizar la transparencia y la publicidad en la Administración, así como la rendición de cuentas sobre el destino de los recursos y fondos públicos […] Art. 6 Cn./Art. 85 Cn.
  • Consecuencias del carácter fundamental del derecho de acceso a la información pública: [...] De esa condición de derecho fundamental [que goza el derecho de acceso a la información] se derivan consecuencias tales como: a) la prohibición de alterar su contenido esencial, tanto en su interpretación como en su regulación; b) el reconocimiento de su dimensión objetiva o institucional, con sus implicaciones prestacionales y de garantía; c) la directiva de su armonización, balance o equilibrio con otros derechos en conflicto; y, d) el reconocimiento de su fuerza expansiva y optimizadora.
  • Contenido del derecho de acceso a la información pública: […] la LAIP […] regula el acceso a la información pública que consiste en el derecho de toda persona a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder no solo del Estado, sino también de aquellas personas, naturales o jurídicas que manejan o administran recursos públicos, información pública, bienes del Estado o ejecutan actos de la función estatal, nacional o local.
  • Deber del Estado de garantizar acceso a la información pública: [… El derecho de acceso a la información pública] impone simultáneamente el deber correlativo del Estado y de los demás entes obligados de garantizar la entrega oportuna, veraz, completa y fidedigna de la información pública o, en caso contrario, fundamentar la imposibilidad de acceso con base en una causa prevista por la ley y compatible con la Constitución. De ahí que el acceso a la información pública tiene por objeto la transparencia constante de los actos de gobierno; es decir, que la gente se entere, sepa de qué se trata, tome noticia de los antecedentes, de los fundamentos y de todo lo atinente a una decisión.
  • Límites del derecho de acceso a la información pública: […] el derecho de acceso a la información no es ilimitado, ya que si bien la fórmula normal de actuación de la Administración Pública debe tender a permitir el permanente acceso concreto y efectivo a la información, cualquier limitación al libre acceso debe fundarse […] en una disposición legal anterior de interpretación restrictiva que especifique el tipo de información y la duración de la restricción y que, desde luego, sea conforme a la Constitución justificada en razones que respondan a un interés superior o a un posible perjuicio directo o inminente para el Estado, persona o personas determinadas. [Sin embargo] Del […] principio de publicidad surge que el acceso a la información es la regla y que la reserva es la excepción es decir, que este derecho tiene su límite cuando existe una disposición legal anterior de interpretación restrictiva y que, conforme a la Constitución, esté justificada [...]
  • Justificación de la declaratoria de reserva de la información: […] la reserva de la información se justifica cuando su divulgación pudiera afectar previsiblemente el procedimiento y las finalidades de los entes obligados en las diligencias que desarrollan […], pues en tal caso se verían comprometidas las estrategias, funciones y fines estatales. Sin embargo, cuando se trata de hechos consumados o visitas ya realizadas en las que se redactaron actas y establecieron plazos para subsanar las infracciones constatadas, la reserva solo se justifica hasta que efectivamente la inspección se ha realizado y no para un período mayor[...] [[…]bajo esta premisa] el período por el cual se restringe el acceso a una información pública también debe someterse a un examen de proporcionalidad y cumplir con los estándares para clasificarla como reservada, observando los extremos señalados en el art. 21 de la LAIP; esto es, que la información encuadre en alguna de las causales de excepción previstas en el art. 19 de la Ley; [y] que la liberación de la información en referencia pudiera amenazar efectivamente el interés jurídicamente protegido; y que el daño que pudiera producirse con la liberación de la información fuere mayor que el interés público por conocer la información en referencia. Art. 21 LAIP / Art. 19 LAIP
  • Prueba del daño en la declaratoria de reserva de la información: […] al aplicar la prueba de daño al interés público es necesario adoptar una interpretación restrictiva de la excepción, es decir, que debe elegirse la opción que menos restrinja el derecho de acceso a la información pública ya que esta debe: i) ser adecuada para el logro del objetivo; ii) ser proporcionada para el interés que la justifica, e iii) interferir lo menos posible con el ejercicio efectivo del derecho.
  • Principio de máxima publicidad: […] en caso de duda sobre el carácter público o reservado de una información, el art. 5 de la LAIP establece la prevalencia del criterio de máxima publicidad, lo que supone que instituciones como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social deben adecuar las actuaciones de sus servidores a los principios de apertura y publicidad a fin de promover la participación ciudadana en el control de la gestión gubernamental y la fiscalización al ejercicio de la función pública. Art. 5 LAIP
Uniformidad del criterio:

No especificado

Cambios del criterio:

No especificado

Matices particulares:

La sana crítica es entendida como el sistema de apreciación de las pruebas aportadas en su conjunto y no solo individualmente, conforme a las máximas de la experiencia, la lógica y el correcto entendimiento humano y conocimiento científico, mediante el cual se asigna a cada medio probatorio un determinado valor o se indican las razones por las que no se les otorga valor alguno.